El último Secretariado de las extintas Farc reconoció este martes el reclutamiento de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes para alimentar sus filas de la guerrilla. Admitieron que la práctica fue “injustificable” y ratificaron su compromiso con los procesos de verdad, reparación y no repetición.
“Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes (...) fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”, manifestaron los miembros de la última cúpula de las Farc en una carta abierta que también fue radicada ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
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La misiva está firmada por Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra Rodríguez.
Desde noviembre pasado, el secretariado estaba imputado como máximos responsables de reclutamiento de la menos 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016. El expediente de la JEP señala que las víctimas de reclutamiento también padecieron otros crímenes de guerra, incluidos los malos tratos, la tortura, el homicidio y las violencias sexuales y reproductivas.
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“Asumimos con responsabilidad el deber de aportar a una verdad que no solo esclarezca lo ocurrido sino que contribuya a la justicia, la reparación y la no repetición. Reiteramos nuestro compromiso con una verdad judicial útil para las víctimas”, apuntaron los comparecientes.
La JEP advirtió que los miembros del Secretariado conocían de manera directa la vinculación de los menores al conflicto –así como las vulneraciones que vinieron después– y que no tomaron medidas necesarias para prevenir, contener o sancionar estos hechos.
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El 13 de noviembre pasado, el último secretariado de las Farc publicó un comunicado en el que aceptaba la imputación. El pronunciamiento, parece, solo se quedó en la esfera mediática porque la JEP los llamó a acelerar el proceso de aceptación o no de la imputación.
Con la declaración de este martes, los comparecientes dieron respuesta oficial al Auto 005 de 2024 en el que quedó fijada la imputación.
“Comprometidos con la necesidad de una justicia oportuna para las víctimas que genere seguridad jurídica para quienes hemos firmado la Paz, reiteramos la necesidad de una única resolución de conclusiones, así como la de unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción”, apuntaron los firmantes de paz.
Los comparecientes afirmaron que han venido adelantando acciones de reparación como las labores de memoria de las víctimas del Club El Nogal, apoyo en el desminado humanitario, participación en la búsqueda de personas desaparecidas y las propuestas legislativas en favor de las víctimas y las poblaciones excluidas.
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“De aquí en adelante hay un punto mucho más importante y es qué va a pasar con esta imputación: ¿los van a sancionar, los van a sacar de la JEP, los van a enviar a la cárcel? Ahora tenemos que empezar a buscar a los niños que desaparecieron mientras fueron reclutados, en pensar proyectos para las mujeres víctimas”, le dijo a este diario Alexander Vargas, víctima de reclutamiento de las Farc y representante del colectivo Mambrú.
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