Cuando Gustavo Petro era candidato presidencial en 2022 defendía la idea de que la tierra fértil debía redistribuirse para cerrar las brechas históricas del campo. Hablaba de desmontar el latifundio improductivo y de “orientar la distribución equitativa de la tierra” hacia quienes la trabajan, especialmente a los campesinos.
Esa bandera, que luego se convirtió en uno de los pilares del Gobierno, la tenía que seguir Felipe Harman, quien fue designado como director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en febrero de 2024.
Sobre Harman hay que recordar que en agosto de 2025, La Silla Vacía reveló que la Agencia Nacional de Tierras, bajo su dirección, se convirtió en una plataforma política clave para el petrismo de cara al 2026. La investigación mostró que la entidad, fortalecida con presupuesto récord y una expansión masiva de su estructura, terminó concentrando contratistas y cargos en aliados de Harman y de otros líderes del Pacto Histórico en regiones estratégicas.
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Además de la burocracia, varios aspirantes al Congreso obtuvieron visibilidad al encabezar actos oficiales de entrega de tierras, lo que convirtió a la ANT en un fortín para impulsar candidaturas y estructuras electorales en el Magdalena, Cesar, Boyacá, Antioquia y, en este caso, en Puerto López, en el departamento del Meta.
Más que avanzar en la democratización de la tierra prometida desde el Gobierno, los documentos a los que tuvo acceso EL COLOMBIANO muestran que, bajo la gestión de Harman, la redistribución terminó favoreciendo presuntamente a cercanos, familiares y aliados políticos de funcionarios locales y de Harman en este municipio del Meta, justo el departamento con más personas contratadas en el periodo de Harman en la ANT con más de 1.400 aproximadamente.
Jhon Elmer Ríos: el ‘compradre’
El nombre que se repite en muchas de las piezas del rompecabezas es el del concejal Jhon Ermel Ríos, excandidato a la alcaldía de Puerto López, hoy concejal del municipio y una de las personas más cercanas a Felipe Harman.
Sobre ellos hay fotografías de ambos en eventos sociales y políticos desde hace varios años, incluida una imagen del bautizo de la hija de Ríos en 2019.
La relación no es menor: la esposa de Ríos, Darlenne Yadala Murillo Cancino, es una de las personas que atiende la oficina territorial de la ANT en Puerto López; además de que está vinculada como contratista desde 2024 con un salario de, por lo menos, siete millones de pesos mensuales.
Lo peor es que no es la única coincidencia. El contrato de arriendo de la oficina donde opera la entidad fue arrendada por más de 12 millones de pesos mensuales a Sulay Yasmin Ríos Cubillos, hermana del concejal Ríos.
Es decir, en Puerto López, la instalación de la oficina de la Agencia Nacional de Tierras quedó en manos de un círculo muy cercano al concejal Jhon Ermel Ríos. El predio donde hoy funciona la sede fue arrendado a su hermana, mientras que la persona encargada de atender allí a los usuarios es la esposa del concejal.
Sobre esto, consultamos con Felipe Harman y comentó que sostiene que la vinculación de mujeres en la entidad no depende de relaciones personales o familiares y que “las mujeres que trabajan en la Agencia no necesitan ser la esposa de nadie” para ocupar un cargo. Afirma, además, que el equipo instalado en Puerto López responde a una labor técnica: “Estamos barriendo el municipio predio a predio para la expedición de títulos. Es un municipio con alta informalidad y con presencia activa de despojo”.
Una mujer no necesita ser “la esposa de” para ocupar un cargo. El problema aparece cuando la cercanía política y familiar pareciera un patrón que se repite en cada decisión relevante, desde el arriendo del predio hasta la contratación del personal que opera la sede.
El ascenso de Diana Pino a la ANT
Otra figura clave es Diana Pino, también excandidata a la Alcaldía de Puerto López en las elecciones de 2023. Solo unos días después de que Harman fuera oficializado en la dirección de la ANT, Pino fue nombrada como subdirectora del Programa Indígena de la Agencia Nacional de Tierras, el 5 de febrero de 2024.
Sobre su campaña a la alcaldía, hay que tener en cuenta que estuvo dirigida por Hernando Augusto Ríos Jiménez y su esposa, Angélica María Sánchez Romero, quienes se encargaron de la recolección de firmas y de organizar buena parte de sus actividades en terreno. Durante esos meses, ambos aparecieron de manera constante a su lado en recorridos y eventos públicos.
Cuando Pino asumió el cargo de subdirectora del Programa Indígena de la Agencia Nacional de Tierras, Ríos fue vinculado a la entidad; a su vez, Angélica Sánchez apareció como integrante de ‘Agromillano’, una organización campesina que recibió la adjudicación de un amplio predio en el sector El Bohío, también en Puerto López, un terreno que había pasado por proceso de extinción de dominio, fue administrado por la SAE y luego transferido a la ANT buscando su “aprovechamiento productivo”.
Por otro lado, también resulta clave la figura del concejal José Tito Loaiza Viña, integrante del Partido Verde y aliado político de Jhon Ermel Ríos en el Concejo. La principal adjudicación realizada durante la inauguración de la oficina territorial de la ANT —más de 800 hectáreas destinadas a un proyecto asociativo— quedó en manos de su madre, Marina Viña Portela, quien lidera una organización beneficiaria desde hace 18 años, esto último de acuerdo a Harman.
Además, Loaiza y Ríos, para octubre de 2024 de acuerdo al medio local Vive el Meta enfrentaron una demanda de pérdida de investidura por su participación en la elección del personero municipal, pese a su cercanía con el candidato elegido, Gustavo Morales. Esa relación política, sumada a la adjudicación de tierras al núcleo familiar de Loaiza, volvió a poner en discusión cómo se definieron los beneficiarios en Puerto López y bajo qué criterios la ANT priorizó sus entregas.
Sobre estos cuestionamientos, Harman sostiene que, por un lado, la designación de Pino responde a su trayectoria y no a relaciones políticas. Señala que fue funcionaria del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), que tiene experiencia en comunidades indígenas y en temas de tierras, y que conoce la altillanura, donde la Agencia debe resolver asuntos relacionados con el pueblo indígena Sikuani.
“Su objeto contractual nada tiene que ver con Puerto López”, afirma. Además, niega que exista coincidencia política entre Pino y Ríos: “Es de entender que el señor Ríos y la señora Diana Pino son contradictores políticos y se enfrentaron en las elecciones locales”.
Claro, quedaron segundo y tercera respectivamente en las elecciones a la alcaldía de 2023, pero esa “rivalidad” no necesariamente es una “camisa de fuerza” de que no pueda existir una relación entre los dos candidatos con Harman, cosa que sí pasa.
Lo que deja este caso en Puerto López no es solo una serie de coincidencias políticas, sino un modo de operación que pone en entredicho la promesa de transformación agraria del Gobierno.
La concentración de contratos en el entorno familiar de Jhon Ermel Ríos, la llegada de Diana Pino a un cargo directivo clave mientras sus coordinadores de campaña terminan como beneficiarios de tierras, y la adjudicación de más de 800 hectáreas a la madre del concejal Loaiza dibujan un patrón que difícilmente puede explicarse solo como decisiones técnicas.
En un municipio donde la ANT llegó con la tarea de corregir décadas de informalidad y despojo (como comentó Harman), las primeras entregas y nombramientos muestran que la redistribución de tierras también está atravesada por presuntas relaciones políticas locales que hoy definen quién accede a la tierra y quién se queda esperando.
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1.600
hectáreas son, al menos, lo entregado en los dos casos; equivalen a más de 2.200 canchas de fútbol.
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