La meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro es clara: recaudar $26,3 billones con la ley de financiamiento que radicó en el Congreso en septiembre pasado. Una parte de ese recaudo tiene como origen subirle los impuestos a las bebidas alcohólicas. Esa medida se conoce como “impuestos saludables”, que buscan desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud (como el tabaco) mediante unos gravámenes que los encarezcan.
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La idea del Gobierno es que el impuesto al valor agregado (IVA), que actualmente es del 5 % para estas bebidas, pase a ser del 19 %, “considerando las externalidades negativas que generan”, como lo afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación de ese proyecto de ley.
Con estos impuestos, distintos gobiernos en el mundo buscan dos cosas: hacerle el quite al consumo y el abuso, y, por otro lado, aumentar el recaudo tributario para invertirlo, como en el caso de Colombia, a financiar el sistema de salud.
¿Qué beneficios o daños traería?
EL COLOMBIANO consultó a tres economistas que dieron su visión sobre el impacto de subirle el impuesto a los licores. Los puntos de divergencia radican desde el punto de vista de la salud pública, en el sentido de que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.
El profesor de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, expresó que este impuesto bien direccionado apunta a que “el consumo no sea problemático y que no sea demasiado barato” para que la edad de iniciación en el consumo “no empiece en edades jóvenes porque en la adolescencia el cuerpo se predispone a las adicciones y entre más se demore en empezar mejor”.
Por otro lado, mencionó que requiere “valores mínimos”, es decir, que hagan efecto en los productos más consumidos: la cerveza y el aguardiente. “Esos son los que están más asociados a los accidentes de tránsito, a enfermedades como la cirrosis y la violencia doméstica”, explicó.
Ante esto, el exasesor legislativo Juan Pablo Fernández pone de presente una situación innegable y es que “hay una porción de demanda de licores que no va a cambiar ni variar por ese aumento de precio”; por lo cual, “se puede generar un efecto de sustitución entre productos”.
A lo que se refiere es al efecto en el que, por la subida de precios, los consumidores se cambien de producto predilecto y se decanten por uno de peor calidad.
“El Gobierno recibiría mayor recaudo, pero en relación con los consumidores problemáticos del licor, que son la cuarta parte de ellos, podría ser peor porque crearía ese efecto y se agravaría, incluso en estratos bajos en donde las personas dejen de gastar en sus necesidades para seguir tomando y así generar otro problema de salud pública”, apuntó Fernández.
Por su parte, el profesor emérito de la Universidad Eafit, Jesús Botero, apuntó a que el país “está necesitado de recursos, pero sería mejor que el Gobierno busque la manera de reducir gastos, más que en subir impuestos”.
Aun así, reconoció que subirle el IVA a las bebidas alcohólicas puede “reducir la carga social del país” por cuenta de los efectos nocivos para la salud que tiene el licor. “No hay ningún impuesto que no tengas costos, afecte ventas o rentas asociadas, pero ese consumo tiene un pequeño perfil de externalidad (efectos) negativa”, explicó.
Un estudio del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili mostró que el consumo de cerveza (la más tomada) creció cerca del 50 % entre 2012 y 2024, pero el recaudo por litro apenas aumentó un 13 %. Quedará en manos del Gobierno, si pasa esta ley de financiación, cambiar esos números.
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19%
de IVA quedarían las bebidas alcohólicas, que actualmente tienen uno del 5 %.