El Ministerio de Hacienda le envió este miércoles a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta (Pacto Histórico), un documento sobre sus “consideraciones” sobre la reforma a la salud que hace trámite en su tercer debate en esa corporación.
El documento fue firmado por la viceministra técnica del ministerio, María Fernanda Valdés, y se centró en las fuentes de ingresos del sistema y los costos del proyecto.
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Al inicio del documento señala que “el análisis efectuado sobre la estimación de costos y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo podría presentar cambios de conformidad con las modificaciones a las que sea sometido el proyecto durante el transcurso del trámite legislativo y el envío de información y soportes técnicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que esta cartera ha solicitado”.
En el punto de los costos, las observaciones del Ministerio de Hacienda proyecta los costos que tendrá la reforma y asegura que le solicitó al Ministerio de Salud “los supuestos utilizados y la sustentación de los datos utilizados para la estimación de los costos, así como los montos destinados a cada componente de costo, por vigencia”.
En ese sentido, sobre la construcción de los centros de atención primaria en salud (CAPS), la entidad asegura que “el plan maestro de infraestructura se encuentra en definición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que hasta el momento las cifras son las aportadas por esa cartera y deberán ajustarse una vez se definan las necesidades específicas de infraestructura pública”.
Y más adelante sobre ese punto, expresa que la proyección de costos de la reforma corresponde a estimativos de la cartera de salud y que esta “no cuenta con los elementos que le permitan cuantificar el costo del sistema de información propuesto”.
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Por otro lado, el documento de Hacienda reconoce que hay deudas —que el archivo identifica como “obligación corriente”— del Ministerio de Salud “con relación al rubro de Presupuestos Máximos 2024”, que asciende a $3,4 billones. Estos pasivos son los que el ministro Guillermo Jaramillo y otros funcionarios del sector han negado.
En cuanto a los costos de administración, las consideraciones al proyecto de ley señala que están a la espera de que el MinSalud confirme la siniestralidad observada, “de la cual dependerá la estimación de los gastos de administración adicionales que se asuman en el nuevo modelo”. La siniestralidad es la relación entre costos e ingresos con los que se cuenta para la atención en salud de las personas.
En el cierre de observaciones a los costos, señala que para que el gasto que generará sea compatible con el marco fiscal tendría que haber “un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional Central en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos”.
Es decir, recortar presupuesto de otras carteras, lo cual tiene que estar “en línea con el proceso presupuestal” que “deberá también hacer parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo y del Plan Financiero” en el Presupuesto General de la Nación de 2025.
Esta es la tabla de costos con proyección al año 2033 que presentó el Ministerio de Hacienda sobre la reforma.
Si bien este era un documento que desde el año pasado —cuando se discutía la reforma en segundo debate en Cámara— estaban pidiendo varios congresistas de oposición, algunos académicos sostienen que estas observaciones del Ministerio de Hacienda aún no responden las dudas sobre su viabilidad y que no representa un aval fiscal.
“El proyecto de ley sí cuesta más dinero, pero en este momento no sabemos cuánto más. Es un salto al vacío poniendo en riesgo a miles de personas cuya atención en salud depende del sistema”, opinó el investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino.
Por su parte, el consultor independiente en sistema de salud Ramón Abel Castaño sostiene que “esto no equivale a un aval fiscal de Hacienda” y que “aún no sabemos cuánto va a costar la reforma”.
Entre tanto, congresistas del Pacto Histórico que impulsan la reforma celebraron este documento y sostuvieron que la financiación de la reforma “es perfectamente asumible por el Estado y el cumple establecidos de la Regla Fiscal”, según afirmó el representante a la Cámara Alfredo Mondragón.
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