El Ministerio de Salud sigue insistiendo en su estrategia de hacer el quite a las órdenes de la Corte Constitucional sobre el pago de los dineros para el sistema de salud. Este martes se conoció que esa entidad recusó al magistrado de esa alta corte, José Fernando Reyes Cuartas, quien lideró de dos autos claves para el sostenimiento financiero del sector.
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Vale recordar que el magistrado Reyes fue el ponente de los dos fallos que ordenaron al ministerio, con el Auto 007 de 2025, ajustar y recalcular la unidad de pago por capitación (que es la plata que reciben las EPS para garantizar la atención de sus afiliados, conocida como UPC) y, con el Auto 089 de 2025, pagar los dineros adeudados de 2022 y 2024 correspondientes a los presupuestos máximos (PM), que es el fondo que se usa para pagar las atenciones, tecnologías y medicamentos de personas con enfermedades raras o huérfanas, de alto costo y crónicas.
Para el Minsalud, representado por su secretario general (e) Rodolfo Enrique Salas, el togado tiene una postura anticipada sobre un tema que, a su juicio, debería manejar imparcialmente en la alta corte. Sostienen que al manifestar públicamente que el sistema de salud enfrenta una crisis financiera por falta de recursos para garantizar la atención en salud de los afiliados de las EPS, Reyes podría incurrir en un conflicto de interés y competer su objetividad.
Vale recordar que el ministerio está en el plazo que le dio la Corte —que termina entres días— para volver a calcular la UPC para este año y los siguientes mediante mesas de trabajo con todos los actores interesados del sector.
La UPC ha sido fuente de una de las peleas del Ministerio de Salud y las EPS, pues mientras la entidad sostiene que su valor —que tuvo un incremento del 5,36 %, cuando gremios pedían que fuera de un 16 %— es suficiente para cubrir las responsabilidades con la atención en salud, las aseguradoras y expertos sostienen que esta no alcanza para sostener la carga financiera producto de varias situaciones, entre las que están el envejecimiento de la población, la inflación, la alta demanda de servicios y el alto costo de medicamentos y tecnologías.
De hecho, el pasado 19 de febrero el Minsalud le envió a la Corte Constitucional una solicitud de nulidad del Auto 007 de 2025, argumentando que esa decisión no tiene sustento técnico y desconoce la presunción de legalidad de los actos que regulan el cálculo de esa prima de salud. De igual manera, expresó que la revisión de la UPC es una tarea que es competencia exclusiva de esa entidad y del Consejo de Estado, si hay controversias. Incluso, calificó que esa postura es “una valoración caprichosa y arbitraria” de las pruebas que presentaron para ese estudio.
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Entre tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió este martes a los cuestionamientos frente a un posible desacato del Gobierno a las órdenes sobre la UPC. Según el mandatario, aseguró que “estoy a la espera de la información” de todas las EPS del país para concertar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ordenado por la Corte.
“La orden que hemos recibido es iniciar una mesa para concertar el valor de la UPC para lo cual todas las EPS de Colombia deben aportar los datos ciertos de sus gastos realizados con el dinero público, transferido desde el año 2021 de manera veraz y pronta”, señaló.
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