La familia de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el pasado 13 de febrero esperando un tratamiento médico para tratar su hemofilia, radicó recientemente una demanda administrativa contra la Nación.
En la acción judicial, se advierte que la muerte del menor fue producto de omisiones por parte de entidades del Estado encargadas de administrar los recursos y garantizar el acceso a la salud.
Su familia y el caso de Kevin se han convertido en uno de los rostros de la actual crisis del sistema de salud en Colombia. Lo que buscan es que se les dé una reparación económica por los daños materiales y morales causados por lo que consideran una cadena de negligencia e improvisación.
El monto solicitado por la familia asciende a más de 1.816 millones de pesos. Esta suma busca resarcir tanto los perjuicios materiales como el profundo daño moral causado por el fallecimiento del niño.
¿Qué manifiesta la familia?
El abogado William Mejía, quien asesora legalmente a la familia del menor, manifestó que los parientes de Kevin sufrieron daños psicológicos profundos derivados del emocional de haber perdido a su hijo en una situación que, según su criterio, contaba con un amplio margen de maniobra para proteger su vida.
La demanda busca reparar específicamente a la madre del niño, a sus dos hermanas, su abuela materna y otros familiares de segundo grado, señalando que la falta de una IPS asignada y la interrupción en la continuidad de los tratamientos fueron determinantes en el desenlace.
De acuerdo con la Procuraduría, el deceso del niño fue consecuencia directa de las fallas en el servicio de la Nueva EPS, entidad que hoy permanece bajo intervención del Gobierno Petro. Además, desde la entidad se citó a una audiencia de conciliación entre las partes demandadas y la familia del menor.
En la convocatoria se lee textualmente que “se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el caso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”.
De no lograrse un acuerdo sobre el monto exigido en esta instancia, el proceso administrativo seguirá su curso.
La controversia también tomó fuerza por los comentarios que tuvieron tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes llevaron a asegurar que la muerte del menor fue a causa de un descuido de su madre por “dejarlo montar bicicleta”.
Además, al jefe de Estado se le critica por haber revelado públicamente la historia clínica de Kevin, un dato reservado por ley.
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