El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sería el nuevo superintendente nacional de Salud. Su posible llegada se daría después de la salida de Bernardo Camacho y el aterrizaje del exalcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
La hoja de vida fue publicada por Presidencia a las 4:28 p. m. de este 15 de abril. Justo el 14, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.
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Las reacciones no se hicieron esperar. El representante y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero criticó la decisión; mencionó su falta de experiencia en el sector salud y los cuestionamientos con los que carga su administración:
“Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombra a Daniel Quintero como superintendente de Salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos”, dijo Forero.
Luego, el congresista arremetió contra Iván Cepeda: “La ‘revolución ética’ de Iván Cepeda consiste en respaldar que el impresentable Daniel Quintero sea el nuevo superintendente de salud en medio de la peor crisis de salud de la historia”.
¿Qué dijo Quintero?
El exalcalde habló de su posible nombramiento a través de sus redes sociales donde, como es frecuente en el gobierno Petro y en la candidatura de Iván Cepeda, le echó la culpa al uribismo por la crisis de la salud:
“Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos” dijo.
“Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”, agregó.
Entre las madres que han llorado a sus hijos está la de Kevin Acosta, de siete años. De acuerdo con la Procuraduría, el deceso del niño fue consecuencia directa de las fallas en el servicio de la Nueva EPS, entidad que hoy permanece bajo intervención del gobierno Petro.
Y a esa madre no le tocó lidiar solo con la pérdida de su hijo, sino con los comentarios de Petro y su ministro de Salud Jaramillo, que le echaron la culpa al decir que la muerte fue por un descuido por “dejarlo montar en bicicleta”.
¿Dos exalcaldes aliados de Petro como “salvadores” de la crisis de la salud?
El nombre de Quintero ya venía sonando para el sistema de salud: hubo rumores de que sería nombrado como interventor de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados del país (11,5 millones).
Pero a ese puesto llegó el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, cuyas declaraciones acerca de los recursos del sistema de salud fueron cuestionadas por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
Sobre él dijo que no era “la persona adecuada para decir si hay suficiencia o no” y que no debe “ponerse a decir cosas que no le corresponden”.
La controversia surgió luego de que Ospina asegurara en una entrevista con Blu Radio que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) no cubre adecuadamente los costos:
“No creo que alcance, creo que tiene que ser diferenciada, creo que, si no se han hecho tareas de orden preventivo, las personas son más demandantes de servicios de salud; creo que nuestra población va pasando una pirámide poblacional de tener más adultos mayores, por tanto más demandantes por enfermedades crónicas”, dijo el también exalcalde de Cali.
Según el ministro, la evaluación sobre la suficiencia de la UPC no es una tarea individual ni corresponde a opiniones aisladas, sino que debe ser realizada por equipos técnicos especializados de la cartera de salud.
En ese sentido, reiteró que el agente interventor no es la persona indicada para pronunciarse sobre ese tema. “¿Pero qué sabe el doctor Ospina?, que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia (sic)”, manifestó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio.
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Más allá de la polémica entre Ospina y Jaramillo, la posible llegada de Quintero abre interrogantes de qué es lo que busca el Gobierno al nombrar a sus alfiles a menos de cuatro meses de que se acabe su mandato.
Reacciones desde la oposición
Las reacciones no se hicieron esperar. El representante y senador electo del Centro Democrático Andrés Forero criticó la decisión; mencionó su falta de experiencia : “Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud nombra a Daniel Quintero como superintendente
Los cuestionamientos y las imputaciones de su administración con las que Quintero llega al cargo
En este momento tiene curso el juicio contra siete personas por la contratación de $18.000 millones entre Área Metropolitana (AMVA) y los bomberos de Itagüí.
Se han revelado fotos, audios, chats y otros documentos sobre el entramado corrupto que habría operado en la entidad para controlar la contratación y cobrar coimas.
Esto, con la presunta participación de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del subdirector financiero del Área y Álvaro Villada. Los chats también denotarían la influencia de Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega.
EL COLOMBIANO confirmó que los dos nuevos testigos que han pedido pista serían el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González.
De hecho, el ex director del AMVA, Juan David Palacio, fue imputado por presunta corrupción en este caso. En medio del proceso, su defensor ha tratado de desmarcarlo de los cargos de interés indebido en celebración de contratos y peculado endilgando la responsabilidad en las dos subalternas que están enredadas con él en este caso.
Vale recordar que la Fiscalía los ha señalado a él y a otros funcionarios y contratistas de la administración Quintero de delitos relacionados con corrupción. Hasta ahora van 55 imputados.
Hay de todo: secretarios y secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores y contratistas. Hay casos complejos, como el del lote de Aguas Vivas, con el que presuntamente Quintero y los suyos quisieron hacer millonarios a unos privados.
Otros casos son más escandalosos, como el del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, en el que también presuntamente quisieron favorecer a unos contratistas amigos; otros de una ingenuidad difícil de creer, pues firmaron contratos interadministrativos ya en vigencia de la ley de garantías.
Salvo por el caso de Aguas Vivas, donde es el principal imputado, Quintero no se ha molestado en ofrecer alguna explicación de esta oleada de investigaciones a las que tanto fiscales como jueces les han encontrado asidero, sino que se ha limitado a deslegitimar a la justicia, a asegurar, sin pruebas y más bien fraguando un relato de redes sociales como han hecho candidatos en otras partes del mundo como Donald Trump, acerca de que la justicia está politizada y que es un perseguido político.
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