El Ministerio de Salud sigue haciéndose el de las gafas con la crisis del sistema que atraviesa Colombia. Esta semana, por medio de un comunicado de prensa, volvió a negarla y a insinuar que se trata de una conspiración del sector privado. Así lo hizo al responder a un informe sobre cierre de servicios durante el primer semestre de 2025.
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En ese sentido, la entidad advirtió que “los cierres permanentes de algunos servicios de salud no obedecen a ninguna política del Gobierno Nacional ni a una supuesta crisis del sistema” y alzó el dedo acusador contra las instituciones privadas, de quienes dijo que “están cerrando (...) porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente”.
Así mismo, sostuvo que “el sistema público sigue en pie, creciendo y sosteniendo la atención de millones de colombianos” y que “se está corrigiendo un modelo que convirtió la atención médica en negocio para unos pocos”.
Sin embargo, en la justificación de esa consigna el ministerio termina contradiciéndose. Señala un informe de la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips), que advirtió que durante el primer semestre de 2025 hubo 6.084 cierres de servicios de salud en Colombia.
Ante esto, el Ministerio sacó pecho para decir que —según el mismo documento, realizado con información que reportan las Secretarías de Salud en el Registro Especial de Prestadores de Servicios (Reps)— “entre enero y junio de 2025 se abrieron 6.480 nuevos servicios de salud”. Pero esa cuenta tiene en cuenta, como lo expuso en ese comunicado, a los servicios públicos y privados.
Incluso, también olvida mencionar un dato de la Unips sobre las causas de los cierres definitivos, que fueron 1.054. Al respecto, afirmó que se debió a la acumulación de una cartera morosa (es decir, deudas) que supera los $24 billones.
Por otro lado, el Minsalud también obvió otro dato que contradice su postulado de acusar al sector privado de cerrar servicios “por negocio”: en los datos que detalla la organización advierte que de las 6.480 aperturas, el 86,5 % se dieron en instituciones privadas, es decir, 5.606; entre tanto, solo el 13,3 % fueron en las públicas, es decir, 864. El porcentaje restante correspondió a entidades mixtas, en donde hubo 10 aperturas, que corresponde al 0,1 %.
En el resto del comunicado, la cartera señala que “este Gobierno no está desmontando la salud, todo lo contrario, la red pública está creciendo y llegando a los territorios donde los privados no quieren estar”.
Por otra parte, expuso que “cuando hay cierres temporales corresponde a ajustes técnicos, remodelaciones o trámites administrativos, que es el equivalente a una pausa por mejoras, es decir, se detiene la atención para modernizar o ampliar la capacidad del servicio y volver abrir, y eso pasa todo el tiempo en salud”.
De hecho, y contrario al ataque al ataque de supuestamente no ser negocio “seguir atendiendo a la gente”, el argumento anterior aplica también para las IPS privadas, que en el primer semestre de 2025 tuvo 4.478 cierres temporales, mientas que en las públicas hubo 549.
El comunicado acomodado del Gobierno finalizó expresando que su “mensaje es claro: la salud no está en crisis, lo que está en crisis es el negocio de algunos privados que ya no pueden lucrarse del dolor ajeno”.
Dentro del desglose del informe de la Unips, advirtió que los servicios de mediana complejidad acumularon 3.189 cierres temporales (82 %) y 589 definitivos (18 %); entre tanto, los de baja complejidad presentaron 1.441 cierres temporales (85 %) y 254 definitivos (15 %).
Finalmente, no hay que dejar de lado en este tema es que la plata para sostener el sistema de salud —conocida como unidad de pago por capitación (UPC)— no alcanza y que la debe recalcular, como lo ha advertido la Corte Constitucional en dos autos al ministerio.
En ese sentido, el profesor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, comenta que esta situación se origina cuando “la cartera (servicios facturados a las EPS) de un prestador está muy alta y el déficit financiero no les permite operarlos” y porque “la acumulación de deudas en las EPS hace que traten de minimizar el flujo (de recursos) hacia las IPS”. A su balance agrega que el origen se da en la insuficiencia de la UPC, que “genera una crisis financiera y falta de liquidez (fondos disponibles para hacer pagos) en el sistema”.
Por su parte, el investigador de la Universidad Johns Hoppinks, Andrés Vecino, describe que estos cierres son los caminos que toman los prestadores de salud para equilibrar sus finanzas. “La pediatría y la obstetricia son poco rentables, mientras que las UCI (unidades de cuidados intensivos) y los servicios de cardiología son más rentables. Es normal que en un contexto en el que la UPC es insuficiente y eso se traslade a las IPS, se cierren servicios”, apunta.
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