A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026 para el casco urbano del municipio de Maicao, La Guajira, y su zona rural, ante el grave riesgo que enfrenta la población civil por la expansión territorial de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que buscan consolidar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas en la región.
Según la entidad, el escenario de peligro responde a la convergencia de varios actores armados y dinámicas de disputa. En el casco urbano y los corregimientos de Carraipía, La Majayura y Paraguachón, las ACSN intentan consolidar su presencia, lo que estaría generando fricciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con dominio histórico en las zonas rurales del municipio.
La situación también compromete a los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, pertenecientes al pueblo Wayúu.
Un segundo foco de riesgo se ubica en Paraguachón, donde el ELN y la disidencia Segunda Marquetalia mantendrían un reparto del control sobre pasos fronterizos informales, conocidos como “trochas”, entre ellos La 80 y La Cortica, utilizados para el tránsito de rentas ilegales.
A esto se suma, en el casco urbano, una disputa violenta entre las estructuras criminales ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’, agravada por la reciente llegada de ‘La Banda del Oso’.
Es más, la entidad advirtió que la presencia de estas estructuras puede traducirse en subordinación o tercerización de actividades ilícitas, lo que aumentaría el riesgo para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los habitantes del municipio.
Además, por tratarse de un punto fronterizo estratégico con Venezuela, a través del paso que conecta a Maicao con Paraguachón, y debido a su papel como corredor de personas, mercancías y economías tanto lícitas como ilícitas, el municipio ha facilitado históricamente la presencia de grupos armados con capacidad de ejercer control territorial y social.
El documento también documenta hechos violentos ocurridos en lo corrido de 2026 que, según la entidad, evidencian la inminencia del riesgo.
¿Qué sucedió?
El 9 de enero, cinco jóvenes fueron asesinados en el barrio Altos de Parrantial, y el 12 de abril, hombres armados mataron a cinco personas —entre ellas dos menores de edad— en el barrio Villa Mery. La Defensoría señaló además la difusión de videos intimidatorios en redes sociales, en los que se registran actos de tortura y declaraciones forzadas como forma de disciplinamiento social.
De acuerdo con el informe, los grupos armados y las estructuras criminales ejercen una “gobernanza armada ilegal” que regula la vida cotidiana de la población: imponen normas de conducta, cobran extorsiones a comerciantes y mototaxistas, y restringen la movilidad en zonas de frontera.
Las ACSN, puntualmente, se presentarían ante la comunidad como “garantes de orden” para ganar aceptación social, mientras utilizan a bandas locales mediante esquemas de tercerización criminal.
El pueblo wayúu figura entre los más afectados por esta dinámica, pues sus autoridades tradicionales y territorios se ven vulnerados por el tránsito de actores armados.
La Defensoría también alertó sobre el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de estos grupos para actividades ligadas a economías ilegales, así como sobre la vulnerabilidad de la población migrante y de los líderes sociales, expuestos a amenazas, estigmatización y desplazamiento forzado.
Es por esto que la entidad formuló 18 recomendaciones urgentes dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira y la fuerza pública, con el fin de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.
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