La Fiscalía General radicó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá los escritos de acusación contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; Sneyder Pinilla, exsubdirector; Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Dirección; Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento; y Luis Eduardo López Rosero, contratista. Todos están implicados en el caso de corrupción en la UNGRD.
La Fiscalía describe varios temas en el documento de 184 páginas. Entre ellos, las gestiones que los exdirectivos de la Unidad realizaron ante el entonces director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, para reducir el monto de un convenio entre esa entidad y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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El objetivo era disminuir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar los recursos restantes y trasladarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Según la Fiscalía, los encargados de gestionar la reunión con Vega fueron Luis Carlos Barreto, quien para la época era subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
El escrito de acusación precisa que para la comisión de múltiples delitos, los implicados desempeñaban funciones específicas según sus cargos.
En el caso de los dineros desviados del convenio con la ANT, el rol de Barreto “consistió en conseguir, en asocio con César Manrique Soacha, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Olmedo López, con el propósito de lograr la reducción de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras – ANT. De dichos recursos se logró reducir $100.000 millones de pesos, a cambio de que Barreto y Manrique direccionaran la contratación que se realizaría con esos recursos”.
Como contraprestación a la intervención de Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto, ambos habrían interferido en la asignación de los contratos para el suministro de tanques plásticos destinados a la reserva de agua. A cambio, también habrían recibido una coima del 7% del valor del convenio con la ANT.
Una vez la reunión salió a la luz, Gerardo Vega, apartado del cargo el pasado mes de febrero en medio de polémicas y cuestionamientos a su gestión, se defendió.
En entrevista con El Tiempo, aseguró que no tuvo nada que ver con el direccionamiento de los dineros. “Fue un encuentro institucional que ni siquiera se cuadró conmigo, fue a través del secretario privado de la ANT. El encuentro duró 10 minutos y los directivos de la UNGRD pidieron que se liquidara ese convenio”, dijo.
En el extenso documento, la Fiscalía sostiene que los cinco implicados, junto con otros servidores públicos y contratistas, basaron su accionar criminal en la declaratoria de desastre nacional y en decretos de calamidad pública, “logrando con ello consolidarse como una organización criminal cuyo propósito era el direccionamiento irregular de la contratación de la entidad, en aras de apropiarse de dineros del Estado”.
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El documento destaca más de 70 órdenes de proveeduría, la mayoría a favor de las empresas de Luis Eduardo López Rosero, para la ejecución de millonarios contratos en diferentes municipios del país.
Algunas de estas órdenes fueron pagadas sin que se hubiera comprobado su cumplimiento. Sobre la llegada del pastuso a la empresa criminal, según la Fiscalía, fue una tarea de Pedro Rodríguez, entonces asesor jurídico de la dirección de la UNGRD. A cambio, Rodríguez habría recibido $1.000 millones de pesos por parte del contratista.
“Desde el mes de octubre hasta diciembre de 2023, recibió de Luis Eduardo López $1.000 millones de pesos como contraprestación por el direccionamiento de la orden de proveeduría. El pago se realizó en dos cuotas: la primera, por $300.000.000, fue entregada en efectivo en la vivienda de Claudia Villota; la segunda, por $700.000.000, se realizó mediante consignación bancaria a la cuenta de su pareja, Villota”.