De hecho, fue la misma Comisión la que hundió la de salud bajo el mismo mecanismo: el apoyo a la ponencia de archivo (hundir el proyecto), que siempre se da previo a la discusión, debate y votación de la iniciativa. Es el procedimiento que se hace siempre con todas las reformas e iniciativas legislativas.
A modo de contexto, hay que decir que ese proceso consta de la presentación de las ponencias: una positiva (para aprobarla) y una negativa (para tumbarla). Ambas se radican ante la mesa directiva de la comisión en mención (en estos casos, la Séptima) y los senadores que la integran firman, en señal de apoyo, alguna de las dos. Esta firma, si bien no es vinculante para el momento de votar, sí muestra una tendencia de cuál de las dos cuenta con más respaldo.
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Con este trámite surtido, la comisión cita la discusión del proyecto y lo primero que se hace —como lo dice el reglamento del Congreso— es someter a votación las ponencias. Primero se somete a votación la ponencia negativa. Dependiendo de su resultado, sigue su camino. Si obtiene mayoría de votos, la reforma se hunde y queda archivada; si no logra apoyo suficiente, se procede a votar la ponencia positiva, que por lo general gana y se continúa con el debate del articulado completo para su aprobación.
Este fue el camino que vivió la primera reforma a la salud del Gobierno, que se cayó el 3 de abril de 2024 en la Comisión Séptima del Senado previo a su tercer debate. Por el mismo camino avanza la reforma laboral, que también enfrenta su tercer debate en esa corporación.
De hecho, fueron casi los mismos senadores los que apoyaron sendas ponencias de archivo. En la de salud, la firmaron Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres; Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; los conservadores Nadia Biel Scaff y José Marín; el liberal Miguel Pinto; Berenice Bedoya, de la Alianza Social Indígena; así como Norma Hurtado, del Partido de la U. En la laboral, lo hicieron Nadia Blel y Esperanza Andrade (que remplazó a José Marín); Alirio Barrera y Honorio Henríquez; Miguel Ángel Pinto; así como Berenice Bedoya, Lorena Río y Ana Paola Agudelo.
Tanto el presidente como algunos de sus aliados en el Congreso y los sindicatos han esbozado la tesis de que ocho senadores no representan todo el Congreso y que deberían vencerlos en una votación del proyecto, no previo a esto. Sin embargo, los hechos muestran que ante escenarios iguales, la reacción gubernamental fue distinta. En abril de 2024 no hubo señalamiento de “bloqueo institucional”, aunque sí hubo una declaración desafiante: “lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada y sin problemas, ahora es de golpe, por qué y para qué, cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas”, dijo Gustavo Petro en ese entonces.
Y, en lugar de un llamado a manifestaciones o a consulta popular, lo que hizo el Gobierno fue construir una segunda versión de la reforma y volver a radicarla en el Congreso.
Sin mencionar que el supuesto “bloqueo” queda en entredicho cuando se revisa la lista de leyes, proyectos y otras reformas en el Congreso, como la reforma tributaria, la reforma pensional, la ley de Paz Total, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Matrícula Cero, la ley del Campesino Sujeto de Derechos y la Jurisdicción Agraria. Bien confesó el ministro Benedetti al decir que el Senado les dio “papayita” para arrancar la campaña electoral de 2026.
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