La Procuraduría General de la Nación pidió a la juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que revoque la prisión domiciliaria que fue concedida a Emilio Tapia por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, ya que esta habría sido incumplida en varias ocasiones.
Desde el ente de control se advirtió que Tapia, hoy también involucrado en el escándalo de aparente corrupción en el Ministerio de las TIC y su contrato con Centros Problados, se habría burlado de la justicia e incumplido sus obligaciones como condenado, cuando se trasladó a Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otros, sin la debida autorización legal.
En el oficio enviado, el Ministerio Público solicitó a la juez que ordene a Tapia seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control por hacer cumplir la medida de casa por cárcel que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
El requerimiento se presentó debido a la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país, entre ellas Medellín, para adjudicar la contratación que se firmó entre el MinTic y la Unión Temporal Centros Poblados.
