El ente de control le puso lupa a un contrato firmado por Mikhail Krasnov con una universidad, al tiempo que indaga la validez de los trámites para lograr la nacionalización.
La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que inició una indagación contra el recién posesionado alcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov, frente a una presunta inhabilidad para tomar posesión del cargo.
Según el ente de control, que conoció una denuncia ciudadana, el mandatario de origen ruso habría suscrito un contrato para dar cátedra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), sede Tunja, el 6 de diciembre de 2022, menos de un año antes de que resultara electo como alcalde de la capital boyacense el 29 de octubre de 2023.
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Según la ley, la suscripción de dicho contrato se constituiría como una causal de inhabilidad para ejercer el cargo. El contrato, de $8’129.000, fue firmado por Krasnov con la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensión de esa universidad, una entidad pública, lo que podría constituir una violación a las normativas electorales.
El contrato consistía en una “capacitación en revisión en documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán”, según la demanda. Adicionalmente, se indaga la validez de los trámites hechos por el alcalde para lograr la nacionalización como ciudadano colombiano.
“Entre las pruebas solicitadas por la Procuraduría están la copia del citado contrato y los estudios previos para su realización, la certificación del periodo de ejecución, acta de liquidación, certificado presupuestal del origen de los recursos, certificación expedida por el supervisor y órdenes de pago entre otras”, explicó el Ministerio Público.
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Por otro lado, la Procuraduría pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores copia del acta de naturalización del alcalde como colombiano y que certifique si este ha renunciado a su ciudadanía de origen.
“La Procuraduría trabaja, desde su misionalidad disciplinaria, para garantizar que los funcionarios públicos, incluso los de elección popular, cumplan a cabalidad con sus deberes frente a la ciudadanía”, ratificó el ente de control.
La denuncia también fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá por el abogado Juan Sebastián Ramírez García el pasado 11 de noviembre.
