La Procuraduría ordenó este martes a todas las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) remitir un informe detallado sobre los rellenos sanitarios en cada jurisdicción, con el objetivo de consolidar un diagnóstico actualizado sobre la situación de los residuos sólidos en el país y evaluar posibles riesgos ambientales.
Las entidades deberán reportar la ubicación, cobertura, operador y nombre del sitio de disposición, además de detalles sobre sus condiciones operativas, la vida útil estimada y el instrumento de manejo y control ambiental vigente.
También solicitaron información sobre la autoridad encargada del seguimiento y la vigencia de los permisos ambientales.
Además, la Procuraduría requirió que se identifiquen las problemáticas ambientales de cada relleno sanitario y se informe sobre los procesos sancionatorios vigentes, incluyendo número de radicado, fecha de apertura, cargos y estado actual del trámite.
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Asimismo, deberán indicar si el sitio cuenta con un plan de contingencia para mitigar posibles afectaciones ambientales.
El ente de control señaló que, aunque no tiene funciones de coadministración, debe ejercer acciones de vigilancia para prevenir situaciones que puedan afectar derechos individuales y colectivos, con especial énfasis en la protección del medioambiente, los recursos naturales y la prestación eficiente del servicio de aseo.
