La Procuraduría General de la Nación tomó acciones legales contra una decisión que aprueba la sustracción de más de 1.000 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para el desarrollo de un proyecto minero.
Según el ente de control, esta resolución se expidió por el Cabildo Gobernador del Resguardo Remanso Chorrobocón sin competencia legal y sin el aval del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entidad encargada de administrar estos territorios protegidos.
La medida del resguardo indígena, contemplada en la resolución No. 009 de 2025, permitió intervenir 1.043,37 hectáreas de una zona que hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley 2ª de 1959 para garantizar la conservación de los recursos naturales.
Sin embargo, para la Procuraduría, esta decisión desconoce el marco normativo vigente y afecta directamente el patrimonio ambiental del país.
En la demanda de nulidad simple presentada, el organismo argumentó que las reservas forestales nacionales son “competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente”, tal como lo establece la Ley 99 de 1993.
Por ello, el Cabildo Gobernador no tendría la facultad de autorizar la sustracción de tierras para fines mineros sin la aprobación de esta entidad.
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Si bien la Procuraduría reconoció la autonomía de los resguardos indígenas en sus territorios, advirtió que esta debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes del país.
En este sentido, recordó que el Decreto 1275 de 2024 establece la necesidad de coordinación entre las comunidades indígenas y las entidades ambientales para la protección de los ecosistemas.
En este caso, la resolución del Cabildo Gobernador fue emitida sin ninguna consulta o aprobación del Ministerio de Ambiente, lo que, según la Procuraduría, la convierte en un “acto jurídicamente nulo”.
El ente de control subrayó que su demanda busca evitar la afectación de una de las regiones más importantes en términos de biodiversidad y recursos naturales.
La Reserva Forestal de la Amazonía cumple un papel clave en la regulación climática y la conservación de especies, por lo que cualquier intervención debe cumplir con estrictos procedimientos legales.
Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso con la defensa del medio ambiente y llamó la atención sobre la importancia de garantizar el cumplimiento de las normativas que protegen los recursos naturales del país.
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