Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentran en el ojo de la Procuraduría General de la Nación, luego de que este organismo abriera una investigación en su contra por presunto uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones de este jueves, realizadas por la elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Daniel Barrios Torres, quien ha sido señalado de tener vínculos con el clan Char y de posibles irregularidades en la transparencia de su elección.
La entidad indaga si los uniformados habrían utilizado gases lacrimógenos y, aparentemente, autorizado el sobrevuelo de un helicóptero, lo que podría constituir una transgresión a la autonomía universitaria y poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.
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Asimismo, busca establecer posibles responsabilidades disciplinarias. Además, se decretó la práctica de pruebas con el fin de garantizar los derechos de los involucrados y la transparencia institucional.
En medio de la protesta, una asamblea multiestamentaria que reunió a representantes de los distintos estamentos universitarios decidió suspender indefinidamente las clases, hasta que el Ministerio de Educación emita una respuesta y garantice la autonomía universitaria, así como la no utilización de la fuerza pública. Entre los estudiantes, siete de las diez facultades —Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas, Bellas Artes, Humanidades, Química y Farmacia, y Ciencias Básicas— se declararon en paro indefinido.
Alegan, además, que el nombramiento de Barrios ha generado una profunda división entre las fuerzas locales y el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) para hacer un llamado a la “manifestación pacífica”, la cual —recordó— constituye un derecho fundamental.
“No se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental. El caso del Atlántico debe ser investigado a fondo”, escribió el mandatario.
Otra de las aristas que se indagan sobre la candidatura de Barrios consiste en determinar si esta estuvo presuntamente influenciada, pese a que no se ha esclarecido si cumplía con el requisito de haber ejercido la docencia universitaria o desempeñado funciones directivas durante al menos cuatro años, tal como lo exige el Estatuto General de la institución.
El sindicato SintraUdea también denunció inconsistencias en las certificaciones laborales entregadas por la Corporación Universitaria Americana, la cual aclaró que el rector había trabajado allí bajo la modalidad ad honorem, es decir, sin contrato ni remuneración formal.
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