El polémico contratista Emilio Tapia, quien volvió a quedar en libertad por decisión judicial, reapareció en Barranquilla movilizándose con un fuerte esquema de seguridad y acompañado de su pareja, la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo, según reveló Caracol Radio.
Ambos estaban escoltados por al menos dos miembros de la Policía y se les vio con tres camionetas.
Tapia fue condenado por el caso Centros Poblados, un entramado que desvió millonarios recursos destinados a llevar conectividad a zonas rurales del país.
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La libertad condicional de Tapia fue ordenada el pasado 16 de diciembre por la jueza primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, quien reconoció que el contratista ha cumplido 90 meses y 10 días de prisión.
En consecuencia, el despacho le concedió la libertad por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, bajo la firma de una nueva acta de compromiso, conforme al Código Penal, tras la modificación del tiempo de prueba.
La decisión reaviva la controversia judicial alrededor del caso, pues no es la primera vez que la misma jueza favorece al contratista. El pasado 11 de abril ya había ordenado su libertad, una determinación que generó fuertes cuestionamientos públicos y derivó en una investigación contra la funcionaria por parte de la Comisión Nacional Judicial.
Ese fallo fue posteriormente revocado, lo que llevó a que Tapia fuera capturado nuevamente el 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo realizado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. La recaptura se produjo luego de que se dejara sin efecto la primera orden de excarcelación, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para mantener el beneficio.
Sin embargo, se le volvió a conceder la libertad condicional al empresario, al considerar que ha cumplido buena parte de la condena y que reúne las condiciones exigidas por la ley para acceder a este beneficio.
Tapia es recordado como uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá y acumula tres condenas por delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En total, las sentencias en su contra suman una pena de 12 años y un mes de prisión.
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Además, fue señalado como responsable del desvío de cerca de 70.000 millones de pesos del contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el consorcio Centros Poblados, un proyecto que tenía como objetivo llevar internet a miles de estudiantes en zonas rurales del país, pero que terminó convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
El caso Centros Poblados destapó una compleja red de contratistas y maniobras fraudulentas que desviaron recursos públicos.
Las dos condenas contra Emilio Tapia por corrupción
Al 19 de diciembre de 2024, Tapia había pagado solo $2.532 millones por el escándalo de corrupción de Centros Poblados. Tapia fue protagonista de este caso porque se probó que él estaba detrás de una Unión Temporal que se ganó ese contrato de más de un billón de pesos para conectar internet en las escuelas y colegios de las zonas rurales más apartadas del país. El escándalo se descubrió luego de que la Unión Temporal había malversado un anticipo de $70.000 millones que el Ministerio de las TIC desembolsó.
Con el tiempo se probó que la UT se había ganado la licitación usando una garantía bancaria falsa del Banco Itaú. Por el caso la exministra Karen Abudinen tuvo que renunciar a la cartera luego de haber sido alta asesora para las regiones y hubo varios condenados. El más importante fue Tapia.
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El escándalo se desató justamente cuando Tapia llegó al caso. Nadie en Colombia podía creer que uno de los responsables del escándalo de corrupción más grande de la historia de Bogotá, que fue condenado en 2015 a 17 años de cárcel y logró una rebaja de su pena a 7 años, estuviera otra vez licitando, por interpuesta persona, con el Estado. Pero así fue.
El astuto y corrupto contratista que hizo entonces negocios con los Nule quedó en libertad en 2019 y empezó otra vez a estructurar sus negocios bajo la sombra de otros nombres y a licitar por contratos del tamaño del de Centros Poblados: un billón de pesos.
En noviembre del año pasado reconoció su culpa ante los tribunales y se comprometió a pagar $5.000 millones, aunque la justicia ha estimado que del anticipo se usaron más de $25.000 millones.
El contratista corrupto demostró con el segundo caso que su primera condena no fue un impedimento para falsificar una póliza y continuar estafando al sector público. La segunda condena, en el caso de Centros Poblados, fue solo por seis años y cuatro meses de prisión.
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