Cada vez está más desfigurado el propósito de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Desde su creación en 2016, tras la firma de la paz con las Farc, se constituyeron como puntos clave para la transición de los excombatientes hacia la vida civil. Sin embargo, con el paso de los años, las disidencias los convirtieron en sus bastiones y desplazaron a las familias de sus antiguos compañeros que creyeron en la paz.
La seguridad en estos espacios es uno de los principales desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los excombatientes han ido creando zonas alternas ante el asedio y la amenaza de los criminales. A la fecha, hay más de 100 zonas de reincorporación, y cuando se firmó el acuerdo de paz eran solo 24.
Esta situación, según los exguerrilleros, es la muestra de la fragmentación de los acuerdos y el resultado de promesas incumplidas.
“¿Qué nos está diciendo eso? Que nos dispersamos y que la población en proceso de reincorporación pasó de ser una reincorporación colectiva a una reincorporación individual”, consideró Jhan Moreno, desmovilizado y líder comunitario en el Cauca.
Meses atrás, la gravedad de la situación de los excombatientes quedó en evidencia con el desplazamiento de las familias del ETCR de Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá. A estas personas les llegaron panfletos en los que eran amenazadas por el temido desertor del proceso de paz alias ‘Calarcá’, quien los acusó de ser colaboradores de sus enemigos. Por eso, el territorio fue declarado como zona de combate.
Las familias fueron reubicadas, con el fracaso a cuestas del Gobierno, que vio disminuidas sus fuerzas para garantizar la seguridad en el lugar. “Son factores que desaniman al colectivo y lo dispersan todos los días. Y cuando tú tienes una expectativa y esa expectativa fracasa, generalmente esa expectativa se convierte en una frustración. Y lo que pasó en el proceso de reincorporación es que existe una frustración colectiva frente al proceso, a la implementación del proceso de reincorporación, que solo se puede cambiar con dos cosas: tierra y vivienda, y, ligada a ellas, la seguridad”, añadió Jhan.
Pero la situación, antes de aclarar, oscurece. La semana pasada, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, confirmó que actualmente hay nueve ETCR con vocación de ser trasladados por amenazas e intimidaciones de los subversivos.“Tenemos que trasladar nueve ETCR que en este momento no tienen tierra propia. Hay que comprar tierra, adjudicarla y hacer el traslado. Algunos tienen alto riesgo y están en nuestras prioridades”, confirmó la funcionaria.
Entre las zonas que serán trasladadas están los ubicados en Carrizal, Antioquia; ‘El Ceral’, Buenos Aires, Cauca; Monterredondo, Miranda, Cauca; ‘La Pradera’, Puerto Asís, Putumayo; ‘Simón Trinidad’, Mesetas, Meta.
“Ese plan se enmarca en la aprobación del Sistema Nacional de Reincorporación que busca una articulación entre entidades del Estado, desde lo local, lo regional y lo nacional, alrededor de temas de reincorporación”, explicó Miller sobre la ruta de traslado.
Lo grave es que hay otros que, pese al riesgo latente, seguirán, al menos en el futuro cercano, en sus respectivos lugares. Entre estos, el ETCR Filipinas, Arauca; Los Monos I y II, Caldono, Cauca; El Estrecho, Patía, Cauca; La Variante, Tumaco; Caño Indio, Norte de Santander, y La Plancha, Anorí, Antioquia.
Los primeros en fracasar por temas de seguridad y por ello tuvieron que ser trasladados, fueron los ETCR de Ituango, que fue reubicado en Mutatá, Antioquia; Yarí en el departamento de Caquetá; el ETCR Mariana Páez, en La Guajira; Georgina Ortiz, Meta, y el más reciente, ETCR Miravalle, Caquetá.
La seguridad sigue siendo un tema de discusión diario para los firmantes de paz.
Desde la firma del Acuerdo, 14.107 personas fueron acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). De ellas, 12.083 avanzan en su proceso de reincorporación en distintas partes del territorio nacional. En total, 456 han sido asesinados y por lo menos 400 han muerto por causas asociadas a temas de salud.
Según la ARN, actualmente 9.968 desmovilizados viven fuera de los Espacios de Reincorporación, y solo 1.899 habitan hoy esos lugares.
Muchos decidieron abandonar los espacios porque, además de la falta de garantías de seguridad, se enfrentaron al fracaso de sus proyectos productivos.
“Hoy más del 70% están en riesgo de fracaso, por un factor mínimo que no se tuvo en cuenta al momento de entregar los proyectos: la sostenibilidad del mismo a largo plazo. Esa sostenibilidad implicaba que había que tener en cuenta la tasa de inflación que presentaba el país o la economía cada año, que generalmente fluctúa entre un 10 y un 11%, para que los proyectos pudieran ser autosostenibles, y eso no se tuvo en cuenta”, añadió Jhan, el desmovilizado convertido en líder de su comunidad.
Por ahora, el Gobierno imprime esfuerzos por garantizar que los ETCR no desaparezcan por completo y sigan, como se pensó hace siete años, siendo espacios de ejemplo de reincorporación y paz.
