Pese a que la UNGRD y el Ideam habían advertido desde hace meses sobre la inminente llegada de un fenómeno de El Niño “muy fuerte”, el Gobierno de Gustavo Petro decidió declarar la situación de desastre nacional apenas a tres semanas de finalizar su mandato, argumentando la necesidad de acelerar medidas para mitigar sus posibles impactos en el país.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada este martes 21 de julio, en la que participaron entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y representantes del Gobierno Nacional.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, confirmó que el Consejo recomendó formalmente al Ejecutivo declarar el desastre nacional por la amenaza que representa el fenómeno climático.
“Acabamos de aprobar por unanimidad del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la recomendación para que sea adoptada por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño con graves consecuencias para el país 2026-2027”, afirmó.
Pero lo curioso, más allá de que es una medida necesaria, es la demora en declararla y el monto que se aprobó para esto. Sobre todo, en medio de cuestionamientos que ya han surgido por contrataciones ‘exprés’ en otras entidades del Estado. Lo que hace levantar la suspicacia de esta medida a tan solo 15 días de que este Gobierno deje la administración.
¿A qué se debe esto?
A diferencia de otras declaratorias de desastre emitidas tras una emergencia ya ocurrida, esta medida tiene un carácter preventivo. Según explicó Pava, la legislación colombiana permite actuar antes de que los daños se materialicen cuando existe evidencia de un riesgo inminente.
“No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requieran atención inmediata”, señaló.
La decisión está respaldada por la Ley 1523 de 2012, que faculta al Estado para declarar situaciones de desastre o calamidad pública cuando se identifiquen amenazas que puedan derivar en afectaciones graves para la población o la infraestructura del país.
Lo llamativo en este caso es que el primer anuncio que se dio sobre esta emergencia fue a mediados de mayo de este año. Desde entonces hasta ahora, han pasado semanas y meses.
En este caso, la preocupación está relacionada con los pronósticos climáticos que advierten sobre una posible temporada de sequía intensa, acompañada por una reducción significativa de las lluvias, aumento de temperaturas, incendios forestales y presión sobre las fuentes hídricas.
A través de redes sociales, por ejemplo, el excandidato presidencial David Luna criticó esta decisión tardía: “Solo hasta ayer @petrogustavo pidió preparar la declaratoria de desastre nacional por El Niño”. Y agregó: “Llevamos meses advirtiendo la crisis. Científicos, gremios y expertos han señalando el riesgo que se venía desde comienzos de este año. La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar, las mismas regiones que este Gobierno prometió priorizar, hoy llegan más desprotegidas que nunca a un fenómeno que se veía venir. La improvisación es uno de los legados que nos deja este Gobierno. Hay que reaccionar ya”.
¿Contrataciones corriendo?
La suspicacia tiene lugar en el debate, sobre todo, tras la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar 4 billones de pesos del presupuesto nacional a la UNGRD para hacer frente a la emergencia.
Las preocupaciones no son menores. Es más, en entrevista con Caracol Radio, el exdirector de la entidad y el actual, Carlos Carrillo y Javier Pava, discutieron la toma de estas medidas en contrarreloj a la salida del Gobierno Petro.
“A mí sí me preocupa que en los últimos días del Gobierno haya tanto afán por firmar, firmar y firmar. Eso no se ve bien”, dijo Carrillo.
Justamente, Carrillo cuestionó que Javier Pava retomara directamente la facultad de ordenar el gasto: “Concentrar nuevamente la ordenación del gasto elimina controles” que habían sido implementados tras el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La defensa principal de Pava fue que no se desmontaron los controles:“Los filtros siguen siendo los mismos (...) Lo único es el trámite final que hace el ordenador del gasto”.
Y frente a las acusaciones de presiones, aseguró que él es una “persona seria, honesta (...) Yo no voy a actuar por presiones de nadie”.
Y si bien esta discusión no está relacionada directamente con la declaratoria de desastre nacional, cobra relevancia porque esa figura activa un régimen especial que le otorga al Gobierno herramientas extraordinarias para atender la emergencia de manera más ágil.
Entre ellas, permite que los contratos relacionados directamente con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas de la situación de desastre se rijan por un régimen especial de contratación, distinto al Estatuto General de Contratación Pública. En estos casos, los contratos pueden celebrarse bajo las formalidades propias de la contratación entre particulares, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012.
Además, la declaratoria habilita la adopción de medidas especiales para la gestión de recursos públicos y la atención de la emergencia, permitiendo redireccionar partidas presupuestales hacia las acciones requeridas para enfrentar el desastre, de acuerdo con el régimen excepcional previsto en la misma ley.
Movimientos cuestionados
Y es que, tras la declaratoria, el Gobierno tendrá herramientas excepcionales para acelerar la ejecución de medidas destinadas a mitigar los efectos del fenómeno climático.
David Tamayo, director designado de la UNGRD por el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuestionó esta destinación de recursos en la recta final de la administración Petro y aseguró que las decisiones en materia de gestión del riesgo deben estar sustentadas en criterios técnicos en entrevista con Caracol Radio.
“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una entidad que debe manejarse con un criterio eminentemente técnico, dada la naturaleza de su razón de ser y de lo que debe suceder dentro de la entidad. Deben existir criterios basados en estudios y en conocimiento que permitan tomar decisiones sobre qué proyectos o iniciativas se implementan para la gestión del riesgo”, afirmó.
Según Tamayo, las decisiones anunciadas por el Gobierno no parecen responder a ese tipo de análisis. “Este tipo de decisiones, que yo sepa, no obedecen a la implementación de estudios técnicos para intervenir determinadas problemáticas de gestión del riesgo. Eso obedece más a unos criterios políticos que determinan que un presupuesto importante, a solo unos días de entregar el poder, se destine a atender posibles prioridades que no tienen una determinación o un sustento técnico”.
Además, respaldó las advertencias hechas por el exdirector Carlos Carrillo y señaló que “cuando una entidad eminentemente técnica distribuye presupuesto y toma decisiones que implican la ejecución de recursos sin ninguna caracterización técnica de lo que motiva esas decisiones, perfectamente puede incurrir en acciones que la lleven a responder ante los entes de control”.
Esto también llama la atención porque de la UNGRD surgió uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrentó el gobierno de Gustavo Petro: el caso de los carrotanques para La Guajira.
Y es que Petro indicó que una de las prioridades de esta decisión por el fenómeno de El Niño será fortalecer las alternativas de generación energética mediante proyectos de energía solar. Para ello, el Ejecutivo prevé expedir decretos y utilizar mecanismos de contratación directa que permitan desarrollar soluciones en un corto plazo.
Según explicó el mandatario, la intención es facilitar la participación de empresas nacionales e internacionales interesadas en aportar sistemas de energía solar que puedan operar incluso sin estar conectados a la red eléctrica nacional.
La medida se suma a otras acciones que deberán adoptar los ministerios y entidades del Gobierno en las próximas semanas para preparar al país frente a una eventual temporada de sequía severa.
Justamente al concluir la reunión, el presidente ordenó a las entidades del Ejecutivo avanzar en la expedición de resoluciones y actos administrativos necesarios para poner en marcha las medidas derivadas de la declaratoria, que comenzará a regir una vez sea formalizada mediante decreto.
De concretarse el escenario de este fenómeno de El Niño intenso, que hasta entes internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial (OMM), han previsto, viene “muy fuerte”; es clave la mitigación desde el Estado. Lo preocupante son los tiempos y las medidas adoptadas por el saliente Gobierno Nacional.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué el Gobierno declaró desastre nacional por el fenómeno de El Niño en Colombia?
- El Gobierno colombiano declaró el desastre nacional de forma preventiva para acelerar la asignación de 4 billones de pesos y agilizar contratos mediante la UNGRD, buscando mitigar los impactos climáticos, incendios y sequías severas previstos para el periodo 2026-2027.
- ¿Qué implica la declaratoria de desastre nacional preventivo bajo la Ley 1523?
- La Ley 1523 de 2012 permite al Estado actuar antes de que ocurra la emergencia. La declaratoria habilita un régimen contractual especial entre particulares, acelerando la contratación directa y el traslado de partidas presupuestales para obras de mitigación y energía solar.
- ¿Cómo afecta la declaratoria de desastre nacional a la contratación de proyectos de mitigación?
- La medida flexibiliza los trámites públicos habituales, permitiendo a la UNGRD realizar contrataciones directas y ágiles con empresas nacionales e internacionales. Esto busca implementar soluciones de emergencia, como sistemas de energía solar off-grid, de forma inmediata.
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