El presidente electo, Abelardo de la Espriella, le ordenó a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, que solicitara a la Procuraduría General de la Nación una intervención preventiva en los procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP). En especial, pidió poner la lupa por uno que suma $78.000 millones.
El Gobierno entrante calificó como “urgente e indispensable” que el ministerio público inicie la vigilancia a varios procesos de esa entidad, “al considerar que involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos”.
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La principal preocupación de De la Espriella se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
En ese sentido, el mandatario elector advirtió que la adjudicación de este contrato está prevista que se resuelva antes del 7 de agosto, lo que impide que la administración que iniciará en dos semanas revise los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes serán los responsables de la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros.
“El Gobierno electo solicitó a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre el proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva hasta que el nuevo Gobierno pueda revisar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación”, manifestó la vocería de Abelardo.
Así mismo, el equipo de trabajo advirtió que también tienen las dudas sobre otro proceso contractual en la UNP que busca proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
Por otro lado, el presidente electo ordenó a Lara solicitar vigilancia preventiva sobre otra contratación con la que esa entidad —encargada de brindar escolta y acompañamiento a personas en riesgo— busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos.
En la petición, enviada al procurador general, Gregorio Eljach, se pidió revisar aspectos relacionados con la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, con el propósito de asegurar una contratación transparente y plenamente ajustada a la normatividad vigente.
Además, solicitaron ejercer vigilancia sobre otros seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.
Para el gobierno entrante está la alerta de que la saliente administración deje amarrados estos contratos sin poder verificar antes si las necesidades que dieron origen a cada contratación se encuentran debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento contractual que permitiera una mayor eficiencia administrativa, economías de escala y una mejor utilización de los recursos públicos.
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