Los escándalos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y Odebrecht, el presunto desvío de dineros de la EPS indígena Manexka, la supuesta exigencia de dineros a miembros de una UTL y el aparente “engavetamiento” de un proyecto de ley a cambio de favores económicos provocaron que la Procuraduría General de la Nación inicie investigaciones disciplinarias contra ocho congresistas.
Las aperturas de investigación, ordenadas por el despacho del procurador, Fernando Carrillo, cobijan al senador Hernán Francisco Andrade Serrano, por su presunta participación en una red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Luis Pinilla, para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia.
Senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo: presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Senador Musa Abraham Besayle Fayad: por el presunto acuerdo o negociación con el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para el pago de una millonaria suma que evitara que la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra.
Senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella: por presunta recepción de dineros de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, y por su gestión para la consecución de recursos que financiaran el tramo Ocaña – Gamarra (Otrosí No. 6 Concesión Ruta del Sol II), la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera.
Exsenador Plinio Olano Becerra y representante a la Cámara Ciro Antonio Rodríguez Pinzón: presuntamente recibieron dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en 2012 de proyectos de beneficiarían a la multinacional, como la Concesión Ruta del Sol II.
Senadora Yamina Pestana: presunto financiamiento de su campaña política al Congreso 2014 – 2018 con dineros de la EPS Indígenas Manexka, donde las autoridades investigan un presunto saqueo que supera los 7.000 millones de pesos con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías.
Representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez: presunto cobro de dineros a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo – UTL-, y por la presunta recepción de dinero a cambio de “engavetar” un proyecto de ley para demorar el trámite legislativo de la iniciativa, que introducía cambios en las evaluaciones sicológicas para los empleados de las empresas de vigilancia del país.
Según el reporte la Procuraduría “como parte de estas investigaciones se ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación”.
Además, el ente de control explica que los senadores y representantes, contra quienes se abrió la investigación, podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea.
Regístrate al newsletter