Este 23 de febrero se conoció que la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro y su entorno familiar está bajo la representación de Amadeus Consultancy Limited, un bufete de abogados británico fundado en 2017 y encabezado por la jurista ucraniana nacionalizada en Reino Unido, Maryna Pogibko. El equipo actualmente está adelantando gestiones en Estados Unidos.
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Según reveló La Silla Vacía, el grupo legal está integrado por cinco profesionales, entre ellos el estadounidense Daniel Kovalik, quien anteriormente trabajó junto a Pogibko en la defensa de Alex Saab, empresario barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Esa firma inglesa contrató servicios de cabildeo en Washington D. C., mediante un acuerdo cuya tarifa permanece bajo reserva.
Vale recordar que EL COLOMBIANO reveló que el Gobierno suscribió un contrato por $10.000 millones con el despacho europeo para gestionar la exclusión del mandatario, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armado Benedetti, de la lista de sancionados de la OFAC (Lista Clinton), dependencia adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La estructuración estuvo a cargo de Numen Acosta, funcionario del Dapre e hijo del actual ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta.
Ese contrato lo denunció el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Germán Ricaurte. y por la queja de la congresista Katherine Miranda ante la Procuraduría, que decidió abrir una investigación previa para determinar si hubo un posible detrimento patrimonial y violación a los principios de la contratación pública.
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación en enero al advertir posibles irregularidades, ya que el convenio carecería de pólizas de cumplimiento y podría vulnerar principios de la contratación pública al destinar recursos oficiales para asuntos de carácter particular. El expediente disciplinario busca establecer si hubo extralimitación en el uso de fondos estatales.
Durante la visita oficial a Washington, existía presión desde el entorno cercano del jefe de Estado para concretar la salida de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Aunque el asunto no figuró en la agenda pública del encuentro con el presidente Donald Trump, La Silla señaló que fuentes diplomáticas dijeron que el desenlace del acercamiento bilateral podía incidir en posteriores gestiones ante autoridades estadounidenses.
La trayectoria de Amadeus incluye la representación de Saab cuando fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, tras acusaciones de lavado de activos por cientos de millones de dólares. En su perfil corporativo, Pogibko destacó haber liderado la defensa de un “enviado especial suramericano” cuyo caso culminó con un indulto presidencial otorgado por Joe Biden en 2024, medida que permitió el retorno del empresario barranquillero a Venezuela.
Kovalik, por su parte, participó en actos públicos organizados por el canciller venezolano Yvan Gil, donde defendió la inmunidad diplomática de Saab y pidió su liberación. En entrevistas radiales aseguró inicialmente que su asesoría a Petro obedecía a convicciones personales y no tendría costo; sin embargo, el contrato final contempló honorarios cercanos a dos millones de dólares.
En paralelo, Amadeus registró ante el Departamento de Justicia estadounidense a la firma de lobby Corvus Strategic Partners PLLC para apoyar gestiones relacionadas con la relación bilateral y asuntos vinculados a la lucha contra el narcotráfico. Los documentos oficiales indican que los pagos están sujetos a restricciones que impiden que provengan directamente de personas sancionadas y aclaran que no existen garantías sobre la eventual exclusión de listas ni sobre decisiones de la OFAC, según consta en el registro citado por el medio mencionado.
En ese sentido, EL COLOMBIANO dio a conocer un documento clasificado como “privado y confidencial” de la firma Amadeus dirigido al embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, el 10 de diciembre de 2025. Es la propuesta inicial de los abogados para explicar sus servicios y exigencias que sirvió como insumo para el contrato 001 que se firmó un mes después.
El documento menciona que es una “consultoría estratégica de políticas intergubernamentales” con Estados Unidos para “facilitar las conversaciones con funcionarios” americanos y eliminar de la Lista Clinton a Petro, Alcocer y Petro Burgos. No incluye al ministro Armando Benedetti. Advierten que hay un gasto adicional nombrado como “honorario de éxito” por 1.182.000 libras esterlinas (6.000 millones de pesos al cambio de hoy). El documento también menciona que podría haber gastos adicionales como tiquetes aéreos en clase ejecutiva y alojamiento “categoría ejecutiva”.
En ese mes, entre el envío de ese documento hasta la firma del contrato con Presidencia, hubo una serie de alarmas, inconsistencias, salidas y presuntas irregularidades desconocidas.
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