El Gobierno quiere legalizar la cocaína para cobrar impuestos

La discusión la revivió el director de la Dian con anuencia del Presidente. El Congreso ya se mueve.

Los cultivos de coca se concentran en el Pacífico Sur, Catatumbo y Antioquia. FOTO EL COLOMBIANO

El Gobierno quiere legalizar la cocaína para cobrar impuestos

La propuesta de descriminalizar la cocaína volvió a ser puesta sobre la mesa por el Gobierno y, de inmediato, levantó polvareda. Ahora fue el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien escribió en Twitter: “Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”.

El funcionario publicó esta frase acompañada de un trino de su jefe, el presidente Gustavo Petro, quien compartió con sus seguidores un editorial de The Economist, en el que el medio de comunicación se refirió al fracaso de la llamada “guerra contra las drogas” y se mostró a favor de un nuevo enfoque al tratamiento que el Gobierno de Estados Unidos les da a sustancias como la marihuana y la cocaína.

Reyes añadió: “Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre 40 y 80 billones de pesos que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”.

Esta narrativa no es aislada. En el Legislativo, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, ya impulsa una reforma para legalizar el alcaloide. “En 2018 radiqué 2 proyectos para legalizar la marihuana y pocos creían. Hoy que la marihuana legal es un hecho, sigo en campaña por la regulación de la cocaína, la única salida a la guerra. Cada año de prohibicionismo nos cuesta miles de muertos”, enfatizó.

El senador Iván Marulanda, del partido Alianza Verde, también puso a rodar un proyecto de ley en 2021, buscando regular la producción y el consumo de cocaína, el cual pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado.

Sobre este tema, el presidente Petro expuso su visión el pasado 19 de agosto, durante la transmisión de mando en la Dirección de la Policía.

Ante los altos mandos de la institución, la cúpula militar e invitados de embajadas y agencias de seguridad internacionales, dijo: “La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques, ni para tumbarle la carreta a un vendedor ambulante, ni para llevar a la cárcel a familias campesinas que cultivan coca porque no tienen más que cultivar”.

El debate sobre la legalización de la cocaína revivió a raíz de un viraje en la política federal de EE.UU. respecto al cannabis. La semana pasada, el presidente Joe Biden declaró que “nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido”. La primera consecuencia sería la excarcelación de 6.500 presos.

Negocio multimillonario

La actividad económica que pretende gravar el director de la Dian es una de las más lucrativas del planeta. Según el último Reporte Mundial de Drogas de la ONU (World Drugs Report 2022), en 2020 se detectaron 234.200 hectáreas cultivadas, que equivalen a 328.000 canchas de fútbol.

La producción global fue calculada en 1.982 toneladas de cocaína pura, para una demanda de 21 millones de consumidores.

Colombia sigue siendo el principal productor, después de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. De hecho, el 90% de la cocaína que ingresa a EE.UU. proviene de nuestra nación.

En el país hay 143.000 hta, según la ONU, con potencial de producción de 1.228 ton.

En el mercado colombiano, un kilo de cocaína se comercializa por $4’000.000 a $6’000.000, según la plaza; el mismo kilo en EE.UU. puede costar $94 millones y en Oceanía $940 millones.

En esto radica uno de los principales retos de la legalización: que el mercado más rentable para la cocaína está en el extranjero, donde es ilegal, por lo que Colombia tendría que convencer a varias naciones de suavizar las normas, si es que pretende sacarle el máximo provecho al negocio.

Aún así, anuncios como el realizado por el Gobierno podrían generar un incremento en los sembradíos a mediano plazo. En 2012, durante los diálogos de paz con las Farc, circuló entre los campesinos la noticia de que el Estado iba a despenalizar los cultivos. El número de hectáreas subió de 49.000 a 171.000 en 2017.

Al final no hubo tal despenalización y solo las mafias se beneficiaron, dejando al cultivador con un pequeño margen de ganancias