En una feria de entrega de contratos se convirtió el Estado el mes pasado. El inicio de la Ley de Garantías (31 de enero) puso a entidades del nivel nacional, territorial y corporaciones autónomas a entregarlos a diestra y siniestra, en comparación con la última restricción previo a una campaña electoral, en 2022.
Así lo dejó en evidencia un informe de la Contraloría General de la República, en donde recopiló la información sobre contrataciones reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) entre el 1 y el 31 de enero; es decir, el último mes en el que había plazo para realizar este tipo de movimientos antes de que entrara en vigencia la mencionada ley.
Esta última tiene como finalidad evitar que se usen los recursos públicos para favorecer a un aspirante a un cargo de elección popular. Rige desede 2005 y trata de eliminar la posibilidad de que se configuren maquinarias o favores políticos a cambio de puestos en el Estado. Con todo y ese límite, el hallazgo prende alarmas por la disparada que hubo este 2026: las contrataciones subieron más del 64 %.
Al analizar el comportamiento de la celebración de contratos durante el actual Gobierno, el ente de control evidenció que el período del 01-30 enero 2026 “presenta un incremento sustancial del 64,48 % pasando de 103.563 a 160.616 y frente al valor contratado el monto total creció un 75,14 %, elevándose de $5,4 billones a $9,5 billones”.
En el consolidado (contando entidades del orden nacional y territorial), en esos días se registraron 521.269 contratos suscritos. Estos representan un valor de $32,88 billones. De esa cifra, el orden territorial concentró la mayoría, con 348.495 contratos por $17,7 billones; el orden nacional registró 164.813 contratos por $14,87 billones, mientras que las corporaciones autónomas sumaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
“La mayor concentración se observa en la última semana del mes (entre el 26 y el 30), donde se adjudicaron $14,8 billones, siendo el último día (30 de enero) el pico del mes con un valor contratado de $5,7 billones”, explicó la Contraloría. De hecho, el valor de contratos firmados en esos cinco días estuvieron por encima de los otros 25 del mes.
Vale la pena recordar que a pesar de las contrataciones elevadas, no significa que todas hayan sido por favores políticos relacionados con las elecciones legislativas y presidenciales de marzo, mayo y junio. Confirmarlo o negarlo es labor de las autoridades competentes. Sin embargo, para el órgano de control fiscal es alarmante el comportamiento de los movimientos de dinero del Estado en esos últimos días antes de la veda de la Ley de Garantías. Estos fueron particularmente inusuales.
“En comparación con el mismo intervalo en el año 2022 (restricción a la contratación directa previo a las elecciones del período de Gobierno inmediatamente anterior), la contratación directa consolidada pasó de 495.527 contratos por valor de $25,22 billones, a los valores mencionados de 2026, lo que presenta variaciones incrementales de un 5,2 % en número de contratos y un 30,4 % en valores”, dijo la Contraloría.
El gobierno de Petro superó la cantidad de contrataciones que se hicieron en el de Iván Duque, previo a las elecciones donde el candidato del Pacto Histórico quedó elegido presidente. Según el informe de esa institución, las entidades que más contrataciones realizaron fueron el Sena, por $1,72 billones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por $1,26 billones, y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por $0,76 billones.
Este reporte coincide casi en totalidad con el que Colombia Compra Eficiente publicó el pasado miércoles. En este, advirtió que el Sena encabeza la lista de contrataciones con más de 37.000 contratos ($1,7 billones), seguido por el ICBF ($1,2 billones), Unidad de Víctimas ($508.000 millones) y MinEducación ($442.000 millones).
La Contraloría añadió otro detalle: el análisis por entidades en departamentos. Las entidades que encabezan son: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla ($1,33 billones); Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ($0,88 billones), y Santiago de Cali Distrito Especial ($0,54 billones).
El delegado al frente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, Andrés Felipe Cifuentes, advirtió que este incremento podría representar un riesgo para la contratación pública y que están haciendo cruce de información para confirmar si hay alguna concentración de recursos premeditada.
A la par que incrementan los contratos en el Estado, hay 2.500 contratistas que no han recibido pagos desde diciembre. Según la senadora Angélica Lozano, los afectados están vinculados con el MinInterior, Planeación, MinCiencia y Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. “Defiendo los contratistas de servicios porque es una forma de esclavitud moderna. Lucho por sus derechos y, oh sorpresa, el Gobierno es el primero en incumplirlo”, dijo la congresista.
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