Dos años después de que Gustavo Petro asumiera la Presidencia de Colombia, la realidad sobre su promesa de Paz Total no es tan alentadora como se esperaba. A pesar de que la administración ha hecho esfuerzos por dialogar con distintos grupos armados, los resultados muestran un panorama violento: los conflictos se han intensificado, los grupos ilegales se han fortalecido, y el control territorial por parte del Estado ha retrocedido.
Desde un principio, la idea de alcanzar la paz en todo el país enfrentó serias críticas debido a su falta de planificación y estructuración. Las primeras señales de esta iniciativa se dieron en plena campaña presidencial, cuando se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, visitó varias cárceles para hablar con narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros buscando hacer posibles acuerdos de paz en un eventual gobierno de su hermano.
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Si bien estas conversaciones no trascendieron, sí se convirtieron en un antecedente de la falta de transparencia y preparación de la política de paz del actual gobierno.
Una vez en el poder, lo que siguió en la búsqueda por alcanzar la Paz Total, fue una serie de decisiones que hasta hoy siguen sin tener resultados concretos, generando pocos beneficios a la población. Pues a pesar de abrir varios frentes de negociación con diferentes grupos armados, ninguno ha mostrado avances significativos.
El proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un claro ejemplo de esta situación. Si bien se logró el cese al fuego más largo con este grupo armado, durante el tiempo que se ha mantenido la mesa de negociación, en lugar de lograr avances, el ELN se vio fortalecido.
Cuando este grupo incluso le exigió al gobierno ser retirados de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y sugiriendo su salida de la lista de grupos terroristas, se mantuvo la amenaza de retomar los secuestros, continúo extorsionando y reclutando menores de edad. Además, en medio del escándalo por corrupción en la UNGRD, se ha ventilado que parte del dinero de la Unidad se usó para financiar al ELN.
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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció recientemente que las Fuerzas Armadas han perdido control territorial y que hay zonas del país controladas por grupos criminales. Esta confesión deja ver una incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y también evidencia que la política de Paz Total ha generado un retroceso en la construcción de paz en Colombia.
El incremento de la violencia es otro de los indicadores que reflejan el incumplimiento de la Paz Total. Según cifras oficiales, el secuestro ha aumentado en un 70% y la extorsión en un 29% en estos dos años. Además, Velásquez admitió que el número de hombres en los grupos armados ilegales ha crecido, aunque no pudo ofrecer cifras exactas. Esta falta de control y la creciente influencia de los grupos ilegales plantean serias dudas sobre la capacidad del gobierno para implementar una paz duradera.
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Un ejemplo de la situación es la situación en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde las disidencias de las FARC, algunas de ellas lideradas por Iván Mordisco, han logrado poner en jaque a las Fuerzas Militares y de Policía. Estos grupos han utilizado drones para bombardear a las fuerzas de seguridad, y la respuesta del Estado ha sido insuficiente.
Su poderío militar y control territorial han aumentado significativamente debido a las rentas que generan por el narcotráfico. Es justamente estas perspectivas de los grupos lo que impide que el gobierno tenga la capacidad legal para ofrecer más que el sometimiento de estos grupos.
A esto hay que sumarle las dificultades que ha tenido el cumplimiento de los acuerdos de paz del 2016, pues si bien ha habido avances muy importantes en temas de verdad, memoria y justicia, hay un incumplimiento para con los excombatientes, pues se están viendo seriamente amenazados por otros actores armados.
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Los primeros dos años de gobierno de Gustavo Petro han mostrado que sus políticas de paz carecen de orden y estrategia, con un aumento en la violencia, la pérdida de control territorial y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el camino hacia una paz duradera parece cada vez más incierto.
Indepaz compartió su más reciente balance de la situación de paz en el país y realizó un comparativo entre el Gobierno de Iván Duque y el Gobierno de Gustavo Petro, entendiendo que una de las principales metas de Petro era su apuesta por la paz.
