El presidente arreció y advirtió que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’ que dio vía libre a su consulta popular, “no queda otro mecanismo” que el pueblo pida tumbar la Constitución del 91.
Sin que hayan pasado 24 horas desde que firmó el controvertido decreto que da vía libre a su consulta popular –con todo y que fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo–, este jueves el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir al país con otro anuncio: su Gobierno no descarta acudir a una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario aseguró que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta popular y, en caso de que vuelva a ser negada, “ya no queda otro mecanismo” que el pueblo en elecciones pida una nueva constitución.
“Si se cae en la Corte entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar, a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, dijo el primer mandatario en diálogo con CNN.
Este miércoles el presidente, desde su despacho en la Casa de Nariño, con la bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar en su escritorio –foto que luego borró–, firmó el decreto que cita a la consulta popular.
Lo hizo antes de viajar a Cali a un evento anunciado a pesar de la ola de violencia que padece el país, particularmente en la región del Valle del Cauca y Cauca: 25 atentados en 24 horas con el lamentable saldo de cuatro policías muertos; lo hizo a pesar de que el pasado sábado intentaron asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay que lucha en una UCI tras recibir disparos en su cabeza y pierna; lo hizo a pesar de que la plenaria del Senado votó negativamente a la convocatoria el pasado 14 de mayo.
Además, lo hizo conociendo las advertencias de juristas independientes y críticas de oenegés progresistas; lo hizo, incluso, a pesar de los temores de miembros de su gabinete que fueron citados el fin de semana a firmar con la amenaza de que “el que no quiera firmar se puede ir”. Lo hizo, en suma, contra el equilibrio de poderes y la institucionalidad, que es la democracia liberal misma.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular”, dijo el mandatario en la red social X y agregó una frase que suena a chantaje: “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.
Menos de 24 horas después de que el presidente firmó el decreto que da vía libre a la consulta popular, pese al concepto negativo del Senado, este jueves ocho partidos presentaron una demanda contra el acto administrativo ante el Consejo de Estado.
En el recurso, las colectividades solicitaron la nulidad por inconstitucionalidad del decreto presidencial y alertaron sobre lo que calificaron como una “grave ruptura del Estado de derecho”.
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Según los partidos, en juego está la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular. Además, alertaron que desconocer la decisión adoptada por el Senado el pasado 14 de mayo “refleja una peligrosa deriva autoritaria que amenaza la estabilidad institucional del país”.
“La demanda está sustentada en cuatro cargos: vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado”, argumentaron.
