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Hubo pelea interna en la Corte por el archivo de caso contra Gustavo Petro
Se le archivó proceso por posible financiación ilegal
en 2018. Tres togados se apartaron. ¿Por qué?
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Desde el 3 de marzo de 2020, Gustavo Petro tenía en la Sala de Instrucción un proceso por presunta financiación irregular a su campaña de 2018. Este no prosperó y fue cerrado. FOTO Colprensa -
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08 de julio de 2022
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La financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018, que tanto revuelo causó porque supuestamente estuvo salpicada por dinero irregular de empresas como Monómeros, fue archivada por la Corte Suprema en medio de controversias internas ventiladas en los salvamentos de voto de algunos de sus magistrados.
Dos togados de la Sala Especial de Instrucción advirtieron en 17 páginas que la Corte no era la competente para haberle cerrado este expediente a Petro, criticando así la decisión que adoptaron la mayoría de sus compañeros.
Los magistrados que se apartaron fueron Héctor Javier Alarcón y Francisco Farfán. Ellos enfatizaron que, realmente, desde hace 15 días el poder para tomar una decisión en este caso le correspondía a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La razón que expusieron es que Gustavo Petro viene de ser elegido presidente en segunda vuelta, y el 23 de junio lo certificó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La controversia radica en que –tras la oficialización de la victoria– el fuero constitucional de Petro haría que su caso saliera de la Corte, la cual se reunió siete días después del sí del CNE para archivar el expediente. Es decir, hubo varios días para trasladar el dosier que, además, tuvo otro reparo por cuenta de la magistrada Cristina Lombana, quien hizo un cuestionamiento más fuerte al de sus compañeros, pero el cual aún está en reserva.
A estas diferencias se sumó el debate en redes respecto a que la decisión de la Sala había sido tomada antes de segunda vuelta, pero que supuestamente por intereses políticos no se había revelado el caso. De todos modos, los magistrados no le dieron importancia a este señalamiento.
Lo cierto es que con ponencia de César Reyes, la Sala se reunió el 30 de junio –después de elecciones– y por mayoría concluyó dos cosas para pronunciarse y cerrar la investigación: que son los competentes porque Petro termina su periodo como senador el 20 de julio, y que no hay evidencia de algo grave frente al ingreso de dinero. De hecho, todo este tiempo el caso tuvo como base conjeturas personales transmitidas por medios de comunicación.
No obstante, no es la única que tiene en el alto tribunal, pues EL COLOMBIANO conoció que son 11 las que le quedan vivas, pero existe la duda jurídica sobre en qué momento deben pasar a su nuevo juez natural, que es la Comisión de Acusación de la Cámara. De hecho, este diario conoció que la defensa de Petro ya le solicitó formalmente al alto tribunal que le dé traslado de estos expedientes a la instancia legislativa que ahora deberá procesarlo.
La génesis del caso
En 2018, año en el que Gustavo Petro se disputó la presidencia con Iván Duque, salió a la luz el escándalo de financiación irregular que llegó a las entrañas de la campaña de la entonces Colombia Humana. Este tuvo como supuestos aportantes a las compañías extranjeras Sociedades Monómeros S.A, Ecofertil S.A, Sociedad Portuaria Monómeros Colombia, y la Fundación Monómeros para el Mejoramiento de la Calidad de Vida.
Por ley, desde el extranjero no se puede financiar campañas, y eso abrió paso a que en su momento el CNE formulara pliego de cargos para investigarlo, y remitiera el expediente a la Corte para evaluar el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Una vez llegó al despacho de Reyes en marzo de 2020, también se indagó sobre si las tres donaciones –entre $95.000 y $150.000– de funcionarios públicos que llegaron a los bolsillos de Petro ameritaban algún castigo.
La conclusión, tras años de investigación, es que el electo presidente no accedió deliberadamente a esos ingresos, pues de hecho, los integrantes de la campaña en 2018 se blindaron para que no hubiera ningún ingreso sospechoso.
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procesos abiertos tiene el presidente electo en la Corte Suprema de Justicia.
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