Justo cuando la negociación de paz entre al punto crucial de fijar los límites entre la Justicia y la Paz para establecer cómo las Farc responderán por sus crímenes, se generó un enfrentamiento de posiciones entre el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, que se zanjó con la promesa de una reunión entre ambos.
Esta reunión quedó fijada para el 19 de febrero próximo y allí Ordóñez expondrá sus advertencias sobre el desarrollo del proceso de paz y la alerta de impunidad que, en su criterio, se avecina y que quedó plasmada en un informe que entregó a delegados de la Corte Penal Internacional que visitaron el país.
El reporte conocido en su totalidad por COLPRENSA, no solo detalla más de dos mil casos de desapariciones forzadas que habrían cometido las Farc y que no tienen condena, sino que registra las preocupaciones del Ministerio Público sobre lo que puede pasar si el proceso no acoge unos mínimos de justicia que están establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado Colombiano.
En el informe de 11 páginas, la Procuraduría señala que respalda todo esfuerzo para llegar a la Paz en Colombia pero indica que los acuerdos deben ir de la mano con los instrumentos de protección de derechos humanos y el Estatuto de Roma y, en ese sentido, estima que debe hacer tres mínimos inquebrantables: que no haya impunidad de conductas atroces, que se respeten los derechos a las víctimas y que el marco jurídico para una paz estable se construya en el derecho internacional.
Así, Ordóñez expuso a la CPI seis preocupaciones que en su criterio deben ser tenidas en cuenta por ese Tribunal ante una eventual competencia suya, hecho que para el Ministerio Público es una garantía de que habrá paz justa y sin impunidad.
El primero es que para el Procurador, las Farc quieren impunidad ya que han insistido en no cumplir penas de cárcel y que han rechazado a ser investigadas, juzgadas y condenadas por graves crímenes. Así, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, ha dicho claramente que no están de acuerdo con el Marco Jurídico para la Paz aprobado por el Congreso y por la Corte Constitucional y, además, las Farc han negado haber cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad graves violaciones de derechos.
Para Ordóñez es claro que las Farc quieren ocultar que son una organización victimaria ya que niega la práctica generalizada de secuestros, que no admite desapariciones forzadas y que hasta el día de hoy sigue reclutando niños, lo cuál constituye un crimen de lesa humanidad. “Según un reciente estudio de la Universidad Sergio Arboleda, el 48% de los miembros de las Farc fueron incorporados a sus filas siendo niños”, señala el informe.
En segundo lugar, el Ministerio Público muestra a la CPI su preocupación por propuestas de altos funcionarios del Estado para que los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad no paguen penas efectivas de cárcel, bajo el argumento de que esto haría inviable un acuerdo con las Farc y, en contraparte, se proponga penas simbólicas de trabajo social.
“Alarma, particularmente, que en el seno del Estado existan quienes pretenden confundir una condena con no impunidad. Desde ese punto de vista, basta el reconocimiento de responsabilidad penal individual en una sentencia penal condenatoria para afirmarse que no existe impunidad, sin consideración a la pena a imponer, ni la modalidad de su cumplimiento”, dice la entidad.
Allí, recordó Ordóñez que la propia Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ya ha dicho que “una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas al proceso hayan sido auténticas”.
Luego, el Procurador recuerda a la CPI su posición contra el Marco Jurídico para la Paz en el sentido de que establece criterios de selección para determinar qué crímenes se van a investigar y juzgar, lo que en su criterio es un amnistía disfrazada que se traduce en “olvido legal de delitos”. Los reparos al Marco para la Paz por parte del Ministerio Público también incluyen que el Gobierno Nacional no acató una recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo para que el Congreso adecuara el Marco para la Paz al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sidh”).
Fue la propia Comisión la que dijo que esos criterios de selección y, en consecuencia, renuncia a la investigación de algunos casos que refieran a graves violaciones de derechos humanos, podría plantear algunas “incompatibilidades con las obligaciones internacionales del Estado colombiano”. Por eso, Ordóñez envío a la Congreso una carta la semana pasada para que tenga en cuenta la recomendación.
Otra preocupación latente de la Procuraduría tiene que ver con que actualmente, según la Fiscalía, no hay condenas contra integrantes de Farc por crímenes de lesa humanidad y de guerra lo que implicaría que si no hay pronto declaratorias en ese sentido, “todos los integrantes de ese grupo podrían beneficiarse con la renuncia a la persecución penal, conforme al marco jurídico para la paz”.
En este escenario, el Procurador Ordóñez también advirtió sobre la posibilidad de que los acuerdos que se logren en La Habana terminen por cambiar el ordenamiento jurídico colombiano y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de “participación política con miras de habilitar a quienes han cometido crímenes atroces para que tengan dicho derecho”.
Así, dice el informe, podría suceder que los negociadores en la mesa de negociación sean los que determinen qué justicia se va a aplicar y cuales son las obligaciones del Estado para perseguir el crimen, suponiendo que un acuerdo político está por encima de las obligaciones internacionales del Estado.
Los 25 mínimos para la paz
El informe entregado a la CPI y conocido por COLPRENSA destaca además 25 mínimos para la paz que se derivan de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el Marco para la Paz y la Participación en Política, y los instrumentos de derechos humanos que en su criterio permiten crear un modelo de justicia transicional adecuado para las Farc.
Estos mínimos señalan que debe haber juzgamiento a todos los máximos responsables y de todos los delitos que sean de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática y no solo algunos. Además, debe haber transparencia sobre cómo se seleccionarán los casos permitiendo que se pueda impugnar esa decisión, que la investigación sea efectiva e imparcial, que se apoye a las víctimas y que se garantice el derecho a la reparación integral.
Entre los mínimos, además, está la exigencia que contiene el Marco para la Paz para que primero haya dejación de armas y desmovilización colectiva para poder aplicarlo. Y para desarrollarlo mediante leyes estatutarias debe haber respeto por el Congreso de los compromisos internacionales ya mencionados. No puede quedar por fuera, tampoco, que las Farc tienen que contribuir de manera real a la verdad para que haya justicia transicional, contribución que deberá ser verificada.
Ya en materia de participación política, dice la Procuraduría que la sentencia C-577 de 2014 dejó en claro que los responsables de crímenes de lesa humanidad ni de genocidio no podrán hacer política de manera perpetua y que algunos delitos sean considerados como conexos al delito político no impiden la extradición, entre otros.
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