“Iván Márquez ya está excluido de la JEP”: magistrado Cifuentes

El presidente del tribunal advirtió que esa decisión es “inamovible”. Dijo que apoyaría cambios internos.

El magistrado Eduardo Cifuentes está a punto de cumplir los dos años reglamentarios como presidente de la JEP y será reemplazado en el cargo por Roberto Carlos Vidal. FOTO Colprensa

El magistrado Eduardo Cifuentes, quien termina su periodo como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuestión de días, aseguró que el narcodisidente y desertor de los acuerdos de paz, “Iván Márquez”, ya está excluido de forma “inamovible” de la órbita de este tribunal transicional. Sin embargo, en entrevista con EL COLOMBIANO, advirtió que no se opone a que el Gobierno de Gustavo Petro le haga una cirugía a esta entidad para ampliar sus capacidades.

Magistrado, ustedes hace poco solicitaron más presupuesto para la JEP. ¿Lo consiguieron?

“A raíz de los compromisos del Gobierno anterior (Iván Duque) y del presente Gobierno (Gustavo Petro), el presupuesto de funcionamiento de la JEP se incrementó en un 70 %. Esto es muy importante en la jurisdicción, sobre todo ahora que la Sala de Definiciones Jurídicas entra a resolver la situación individual de todos los comparecientes que no son máximos responsables. Estamos hablando de cerca de 7.000 a 8.000 personas”.

¿Ahora sí tienen recursos suficientes?

“Es una partida importante. Tenemos que aceptar y reconocer el esfuerzo que han hecho el Gobierno y el Congreso, pero es que es absolutamente indispensable para poner en marcha nuestras tareas”.

La JEP le pidió a la Corte Penal Internacional un canal directo por si había interferencia indebida en su gestión. ¿Lo han usado?

“Se hizo un acuerdo con el estado colombiano para la terminación del examen preliminar, pero el Estado tenía que prever fondos suficientes para esta jurisdicción. Eso se ha sentido. También se acordó que no se modificara el marco normativo de la jurisdicción, lo cual se ha cumplido. Además, se pidió que no hubiese intervención con la jurisdicción y eso también está muy bien.

Justamente, hace poco estuvo aquí presente una comisión de altos funcionarios de la CPI para examinar si se había dado cumplimiento a esos acuerdos. También se habló de un punto de enorme importancia y trascendencia para la CPI y su fiscalía: el sistema restaurativo, el cual el Estado colombiano debe poner en marcha porque es urgente e imperioso. El balón está hoy en la cancha del Estado colombiano”.

¿Y qué debe hacer el Estado en ese aspecto?

“Ofrecer proyectos, por ejemplo, de desminado, humanitario, de catastro multipropósito, rurales, de soluciones a los cultivos de uso ilícito, o en vías terciarias...

¿Eso sería para que los comparecientes ante la JEP puedan pagar las penas restaurativas?

“Exactamente, trabajar y aportar con actividades con objetivo reparador, pero esos proyectos no los puede financiar ni el compareciente ni la JEP, por lo que el apoyo fiscal debe ser del Gobierno. Es al Gobierno al que le corresponden estas soluciones, ideales y colectivas; eso es el sistema restaurativo y se puede volver más importante que el sistema carcelario”.

Magistrado, el acuerdo con la CPI para no modificar la base normativa de la JEP, ¿le impide al presidente Petro intervenirlo, como él lo ha planteado, para ejecutar su paz total?

“Si se busca modificar para desvirtuar la misionalidad de la JEP, para desvirtuarla, para vaciarlo, no pueden hacerlo”.

¿Y tuvo en algún momento que pedirle algo a la CPI?

“No, y tengo que ser muy honesto: tanto el gobierno Duque como el gobierno Petro no han intervenido. Cuando se me designó Presidente de la JEP, hace un año, vivíamos en un ambiente político complejo y yo señalé claramente que la JEP era irreformable como prenda de garantía del acuerdo de paz. Creo que eso sirvió como mensaje. Las Naciones Unidas también ayudaron a fortalecer la protección de la JEP”.

El expresidente Duque dijo que una de sus “frustraciones” fue no poder tramitar una enmienda a la JEP...

“Creo que fuimos suficientemente claros en exigir el respeto por la institucionalidad de la JEP y, afortunadamente, eso fue reafirmado por la comunidad internacional. Los gobiernos entendieron que debían tener una relación madura con una institucionalidad que ya estaba creada y que era una prenda de garantía del acuerdo de paz. Yo, particularmente, tengo que resaltar que no tuve ningún problema en el sentido de ver o percibir una intromisión en las actuaciones a la JEP. Eso habla bien del Estado colombiano”.

Magistrado, el canciller Álvaro Leyva dijo que la cirugía a la JEP sí se hará. ¿Apoyaría esa idea?

“Como jurisdicción aplicamos las normas actuales, en las que somos jueces transicionales. Nosotros no somos solo lo político, pero no podemos entrar a apoyar o a rechazar actuaciones políticas externas, lo que sí les digo es yo mismo le dije al presidente Petro que la paz total corresponde a una exigencia de la Constitución, es un derecho y un deber de todos. Si un gobierno convierte la paz total como eje, pues eso nos produce alegría. Nosotros podemos contribuir, claramente, a través de una buena justicia transicional, oportuna como la que se está ofreciendo. Tenemos también un deber con Colombia y estamos realmente comprometidos con la paz”.

Pero, Magistrado, ¿apoyan la cirugía a la JEP?

“Hay que tener en cuenta qué es lo que podemos hacer y lo que no: somos un tribunal de paz y aplicamos el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Penal Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal interno en relación con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que se cometen en el contexto de un conflicto armado interno. En consecuencia, teóricamente se podría ampliar por la vía normativa la competencia de la jurisdicción, creo yo, hacia grupos que tengan finalidad política. De modo que sí estoy de acuerdo con el presidente Petro y con el canciller Leiva, en el sentido de que la paz total compromete a todos los colombianos”.

¿Le abrirían la puerta a un desertor de la paz como “Iván Márquez”?

“La JEP consideró que la conducta del señor ‘Márquez’ fue abiertamente contraría al acuerdo de paz. Por ende, “Ivan Márquez” ya está excluido de la JEP conforme a decisiones que están en firme. Más allá de eso, todo es cuestión política sobre la cual no podemos interferir”.

¿“Márquez” puede apelar?

“La decisión está en firme y es inamovible”.

¿Cómo va el caso que le abrió la puerta de la JEP a narcos que se asociaron con paramilitares?

“No sé trata de narcotraficantes, sino de paramilitares como ‘Mancuso’, que no han sido admitidos en la jurisdicción. Es que no todos están sujetos a esta jurisdicción. Pero se analiza si ofrecen verdad plena y si pueden acreditar que ellos fueron sujetos funcionalmente incorporados a la Fuerza Pública”.

¿Esto cobijaría a “Otoniel?

“La JEP no se ha pronunciado sobre ese caso. La JEP siempre se ha referido a estos dos casos que he mencionado (“Otoniel” y “Mancuso”) dentro de la idea de que ellos son quienes tiene que acreditar que son sujetos funcionalmente incorporados a la Fuerza Pública, pero eso ya es una decisión que le corresponde adoptar a la Sala de Definición. Por ahora, digamos, están excluidos de esta jurisdicción”.