La “paz total”, el proyecto político con el que Gustavo Petro convenció a los ciudadanos de las áreas más críticas del país de que le dieran su voto, ajustó tres navidades siendo el reflejo de lo que ha sido su gobierno en casi todos los aspectos: un conjunto de discursos plagados de poesía y buenas intenciones, que en la práctica no han traído los beneficios que prometieron.
Aunque en la actualidad hay siete mesas de paz activas con los grupos ilegales, ninguna tiene avances sustanciales, salvo los ceses al fuego que establecieron desde el principio y que se han ido renovando con el pasar de los meses.
Las conversaciones con las bandas urbanas del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó no tienen una agenda definida y ya rondan el estancamiento, debido al hecho de que ni siquiera ha comenzado en el Congreso el debate sobre la ley de sometimiento, necesaria para formalizar el desarme colectivo de esta clase de grupos.
Los diálogos con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquitadoras de la Sierra Nevada (“los Pachenca”) llevan más de un año en etapa de acercamientos, sin que se instale la mesa, y los de las guerrillas y disidencias de las Farc están en una crisis que amenaza su continuidad.
Con el ELN la conversación se congeló en abril, porque los insurgentes consideraban que el Gobierno no les estaba cumpliendo lo pactado, al no sacarlos de la lista de banda criminales (Grupos Armados Organizados - GAO) ni implementar el fondo multidonante sin culminar el proceso.
En medio de esa tensión, el frente Comuneros del Sur, que delinque en Nariño, se separó de la estructura y la Casa de Nariño decidió crear una mesa regional para continuar el diálogo con ellos.
El pasado 17 de septiembre el ELN atacó la guarnición del Batallón de Artillería de Campaña N°18, en el corregimiento de Puerto Jordán, en la frontera de los municipios de Tame y Arauquita (Arauca). Desde una volqueta, acondicionada con rampas artesanales en el volco, dispararon 17 cilindros-bomba contra la base, matando a dos militares y dejando 25 heridos.
“Prácticamente es una acción que cierra el proceso de paz”, dijo Petro, y al día siguiente suspendió las conversaciones.
Pese a esto, al poco tiempo le ordenó a su delegación que tratara de retomar los diálogos, en un gesto que los analistas tacharon como una muestra de debilidad, y que hasta ahora no ha sido exitoso.
En crisis también están las mesas de paz con las disidencias de las Farc, debido a confrontaciones internas en dichos grupos. El Estado Mayor Central (EMC) se fragmentó en dos estructuras: una es comandada por Néstor Vera (“Iván Mordisco”), con base de operaciones en la Costa Pacífica y la cual está en función de la guerra; la otra es liderada por Alexánder Díaz (“Calarcá”), con fuerte influencia en el Catatumbo y Antioquia, y todavía participando en la mesa de paz.
La otra organización heredera de las Farc, la Segunda Marquetalia, se fragmentó de manera similar. Un grupo quedó al mando de su fundador Luciano Marín (“Iván Márquez”), y el otro a órdenes de su antigua mano derecha, José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”).
La fractura se oficializó el 16 de noviembre, cuando Marín desautorizó a los subalternos que participaron en una reunión con el Gobierno, diciéndoles que no usaran más el nombre de la Segunda Marquetalia. Así nació la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la disidencia con la cual los delegados de Petro seguirán negociando.
A todo este caos se sumó la designación como gestores de paz de 18 excomandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y el extraditado Diego Murillo (“don Berna”), con la que el Gobierno pretende revivir los procesos de justicia transicional de las AUC.
La maraña de acercamientos, mesas y gestores parece que se le está saliendo de las manos al consejero comisionado de paz Otty Patiño, quien reemplazó en el cargo al destituido Danilo Rueda, con la esperanza de sacar adelante los procesos. Una esperanza cada vez más lejana.
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ANEXO: NARCOTRÁFICO, MÁS INCAUTACIONES PERO CON PRODUCCIÓN DISPARADA
El viraje en la política contra el narcotráfico, promovido por el gobierno de Gustavo Petro, ha significado un aumento preocupante en la producción de cocaína.
Según el más reciente monitoreo de cultivos ilícitos de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen (Unodc), entre 2022 y 2023 las hectáreas cultivadas de coca pasaron de 230.000 a 253.000; y la producción potencial de cocaína aumentó de 1.738 toneladas métricas anuales a 2.664, inundando los mercados locales e internacionales.
Petro ha sido fiel a su postura de no perseguir a los cultivadores, sino concentrarse en la interdicción de los cargamentos que salen a las rutas transnacionales.
Esto se ve reflejado en el descenso abismal de las hectáreas de coca erradicadas: en 2022 fueron 59.251, en 2023 mermaron a 15.419 y en 2024 a 6.096 (con corte a octubre 31), según el MinDefensa. En contraste, el Gobierno celebró un récord de 772,4 toneladas de cocaína incautadas en 2024, el registro más alto de la última década, pero en medio de una producción desbordada, estos resultados no han debilitado a los grupos violentos dedicados al narcotráfico.
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