Era la madrugada del domingo 22 de febrero cuando Diana Ospina tomó un taxi para regresar a casa, después de una noche de rumba en el bar Theatron, en Chapinero. El vehículo, de placas ESN-170, estaba estacionado frente al establecimiento. La llevó hasta pocas cuadras de su vivienda.
Cuando todo parecía normal, dos hombres se subieron al asiento trasero. La retuvieron durante horas, la obligaron a recorrer distintos puntos de la ciudad y a vaciar sus cuentas bancarias. Después vino el silencio: casi dos días sin rastro de ella. Diana apareció con vida en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.
Diana sobrevivió, pero no todas las víctimas de este delito corren con la misma suerte. Neil Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado de Colombia, desapareció la noche del 15 de enero de 2026 cuando salió de la Clínica del Country hacia su vivienda. Horas después, sus cuentas fueron vaciadas.
Cuatro días más tarde, su cuerpo apareció incinerado en zona rural de la localidad de Usme, en el sur de la ciudad. Vecinos del sector aseguran que allí ha sido recurrente el hallazgo de cuerpos de personas que no residían en la zona.
Su esposa, Denis Alfaro, lo despidió con una petición pública: “Por favor, que no haya impunidad, que Neil Felipe no sea un número más”. Ambos casos ocurrieron este año. Y aunque esta modalidad había disminuido en la capital tras la extradición, en 2014, de siete presuntos taxistas implicados en el asesinato del agente de la DEA Terry Watson, hoy muestra señales de un repunte preocupante.
De los registros disponibles, en 2025 se reportaron 40 casos de paseo millonario en Bogotá, lo que representa un aumento de 400 % frente a los ocho casos del año anterior. La mayoría de ellos en localidades como Chapinero, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón. Chapinero, en particular, concentra una alta densidad de bares y zonas de rumba, lo que la convierte en un escenario donde los delincuentes encuentran con mayor facilidad el perfil de víctima que buscan.
Sobre quienes están detrás de este delito no existe un único perfil. Algunos actúan con escasa planeación y aprovechan la oportunidad: un vehículo disponible, una víctima vulnerable. Pero también operan estructuras con mayor nivel de organización, varios vehículos y roles definidos entre quienes conducen, intimidan y retiran el dinero.
Pero ¿por qué, pese a las promesas oficiales, el paseo millonario sigue ocurriendo? A finales de 2025, las autoridades distritales anunciaron lo que presentaron como un cambio estructural. El paseo millonario dejaría de ser tratado como hurto agravado y pasaría a ser judicializado como secuestro extorsivo, delito que contempla penas de hasta 42 años de prisión.
La lógica, según explica Andrés Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), era generar disuasión: se buscaba que “los delincuentes vieran o asumieran un mayor riesgo al cometer esos delitos porque ya no era un hurto común y corriente”. El problema es que para él no ha funcionado del todo así.
En primer lugar, porque aumentar las penas no necesariamente incrementa el riesgo percibido por los delincuentes si persiste un alto nivel de impunidad. Por otro lado, las entidades no estarían organizando las cifras del delito de la misma manera, lo que impide tener un panorama claro para diseñar estrategias eficaces.
Esa desarticulación se evidencia en que la Policía de Bogotá reporta 38 casos en 2025, es decir, dos menos de los informados por la Secretaría. “Quienes toman decisiones deberían tener claro de dónde sale la fuente para que haya una rigurosidad en saber que estamos tratando de paseos millonarios siempre y no que a veces hablamos de hurto”.
A ese problema se suma el subregistro. No todas las víctimas denuncian: algunas tienen miedo a represalias, otras desconfían de las autoridades, otras sienten vergüenza social, y muchas simplemente no creen que sirva para algo. La cifra real es imposible de saber con certeza, pero todos en el sistema saben que es mucho más alta.
Publicaciones de personas en redes sociales que se atreven a contar sus casos luego de uno o dos años de ocurridos los hechos, dan cuenta de ese subregistro. “Me hicieron el paseo millonario y me cambio la vida. Pasó hace un año, pero no me sentía listo para contarlo en redes sociales”, cuenta un usuario identificado como Chris Ortiz.
Otra lectura, sin embargo, tiene el exsecretario de seguridad de Bogotá Daniel Mejía quien explica simplemente que ese aumento de casos no tiene relación con una explosión de la de la noche a la mañana, sino que por primera vez se está contando bien.
“Antes del 2024-2025, la policía y la fiscalía estaban tipificando estos casos como hurto agravado. La Secretaría de Seguridad tomó la decisión de que esto no podía llamarse hurto agravado sino que tenía que tipificarse como secuestro. Y, por ese cambio, donde empiezan realmente a llamar las cosas por su nombre, es que se ve ese pico”.
Las dos lecturas no se contradicen. Puede ser cierto que parte del aumento refleje una contabilidad más honesta, y también puede ser cierto que el delito esté creciendo y volviéndose más violento.
Lo que ninguna de las dos lecturas discute es lo fundamental: el problema no es cómo se llama el delito. Es que quienes lo cometen siguen sin pagar por él. Mientras eso no cambie, los 42 años de pena seguirán siendo, para el delincuente, un riesgo teórico. Y para las víctimas, un consuelo que nunca llega.
Regístrate al newsletter