La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo presentaron el Vigésimo Primer Informe sobre el cumplimiento del proceso de delimitación del páramo de Santurbán, correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2024. En este, reportaron preocupaciones y situaciones críticas que han afectado gravemente la ejecución de las disposiciones de la Corte, las cuales buscan garantizar la protección de este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él.
En el documento, las entidades concluyeron que a pesar de que el Ministerio de Ambiente propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, la implementación de dicho plan ha sido “sumamente deficiente”.
“De las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33 %. Esta falta de avances ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, quienes, debido a la ausencia de resultados concretos, han realizado protestas y bloqueos en diferentes regiones, reflejando el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento”, citó el informe.
También destacó la grave situación ambiental en la zona, marcada por la minería ilegal y una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos; impacto ambiental que es una consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio.
En virtud de lo anterior, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales; recomendando además, imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el MinAmbiente.
Finalmente, resaltaron la necesidad de garantizar una participación ciudadana efectiva en los procesos de protección ambiental en la región, respetando los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y asegurando que sus voces sean escuchadas en el proceso de delimitación.
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Para Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, es urgente que se culmine el proceso de delimitación, que ha estado pendiente durante más de una década, y que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades de la región.
