El mandatario promovió una ‘vaca’ para financiar proyectos en Bogotá en el año 2015, cuando era el Alcalde Mayor.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro criticó la ‘vaca’ liderada en Antioquia para recaudar fondos y terminar las obras de las vías 4G. La controversia no se ha hecho esperar y sobre su alcance se han desatado análisis y debates. Al meollo acaba de sumarse la revelación de un decreto firmado por Petro en el año 2015, cuando era el alcalde de Bogotá.
En el documento se autorizaba la recaudación de aportes ‘voluntarios’ por parte de los ciudadanos para financiar proyectos de la ciudad.
El decreto bautizado “Por el cual se implementa para el año 2016 el mecanismo de aportes voluntarios”, daba instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que implementara el aporte voluntario de “un 10% adicional del valor del impuesto predial unificado, del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y del impuesto sobre vehículos automotores que resulte a cargo del contribuyente en el año gravable 2016”.
La iniciativa, que apelaba a la consideración de los ciudadanos, igual al ejercicio actual en Antioquia, buscaba recabar fondos para tres proyectos de ciudad inicialmente: fortalecimiento al cuerpo de Bomberos de Bogotá, proyecto: “Un árbol de vida para Bogotá” y “Banco de provisión de elementos para el área de maternidad en los hospitales de la red pública del Distrito Capital”.
Para Petro en ese momento era importante que los contribuyentes tuvieran participación en las iniciativas que suponían mejorar las condiciones para los habitantes de la capital. “Que Bogotá, D.C., para avanzar en la construcción de una sociedad justa y equitativa, requiere la participación ciudadana solidaria, como manifestación del compromiso colectivo en cumplimiento del Pacto Social contra la pobreza para garantizar la provisión de los mínimos vitales a la población más vulnerable”, dice el decreto.
Aunque en su posición como mandatario Distrital defendía el mecanismo de aporte voluntario, hoy por hoy, Petro como presidente del país, ha sido el principal opositor a la iniciativa en Antioquia.
De hecho, en su red social X, el mandatario instó al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón a revisar el artículo 316 del Código Penal, que establece: “el que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses, y multa de cincuenta mil salarios mínimos”. Para referirse a la supuesta ilegalidad de la actividad ciudadana en la región antioqueña.
Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no. pic.twitter.com/CONTh6500v
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 26, 2024
Por su parte el Gobernador ha dicho reiteradamente que no suspenderá la ‘vaca’, antes bien afirmó que lo más viable es que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos previamente adquiridos en lugar de imponer una nueva carga tributaria a la ciudadanía.
Pidió además no estigmatizar a los aportantes, ante los rumores de que el Clan del Golfo habría transferido dinero.
“Son cerca de 5.000 donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar. Ellos voluntariamente han comparecido a una cuenta convenio de Bancolombia, que tiene la posibilidad de verificar estrictamente el origen de estos recursos, quién los deposita”, manifestó el gobernador.
Ahora bien, aunque en ambos casos se aboga a la voluntad de los ciudadanos, el mecanismo para la recaudación de aportes no es el mismo. La ‘vaca’ de Petro, se hizo mediante decreto con valor fijo en el pago de impuestos de los contribuyentes -voluntario-. Es decir, que al momento de pagar sus impuestos los ciudadanos podían elegir si pagaban un 10% adicional para financiar los proyectos o no, algo que se ha hecho en varias ocasiones en la ciudad.
Por ejemplo, en el 2020, la entonces alcaldesa Claudia López invitó a los bogotanos a realizar el pago voluntario del 10% del impuesto predial, recursos que la Administración destinaría, según la propuesta, para mejorar la seguridad de la ciudad, particularmente para crear un comando de 1.000 policías que vigile el corredor del sistema TransMilenio y del Sitp.
En Antioquia, en cambio, se hace con consignación directa a una cuenta bancaria por el valor que desee a partir del millón de pesos. La Gobernación explicó que para brindar garantías se decidió estructurar la colecta a través de un convenio con Bancolombia, en el que todo aquel que done deberá hacerlo a través de una transacción con trazabilidad.
Explicó el gobierno departamental que cuentan con todos los filtros para evitar consignaciones sospechosas y aclararon que si existe un movimiento poco claro las donaciones son reintegradas de inmediato al aportante.
“El banco verifica la trazabilidad de todas las transacciones con una auditoría permanente, cruzando con la cédula de los ciudadanos, plataforma, banco y aporte voluntario realizado, los cuales serán auditados nuevamente, antes de ser incorporados al presupuesto de Antioquia”, explicó el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto.
