La Sección Primera del Consejo de Estado negó la acción de tutela que fue presentada por el contralor General, Edgardo Maya Villazón, la cual buscaba aplazar la entrega de la sede actual del ente de control fiscal cuyo contrato vence el próximo 31 diciembre.
La decisión que tomó el tribunal contencioso administrativo determinó que la acción de tutela no era la herramienta indicada para solicitar la continuidad del predio, el cual está ubicado en el occidente de Bogotá.
Frente a la determinación que tomó el Consejo de Estado, Maya Villazón tendrá que ponerse en la tarea de buscar una nueva sede o reanudar el contrato de arrendamiento por un valor más alto.
La acción de tutela fue presentada por el Contralor General quien manifestó que tenía que proteger el derecho al trabajo, al debido proceso y al respeto y buen nombre de los más de dos mil empleados que laboran en este organismo de control, los cuales podrían verse afectados en caso de que haya un cambio de sede.
El caso
En este caso el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, decidió apoyar la acción de tutela el pasado jueves presentada por el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, contra la sociedad Proyectos y Desarrollos I, por considerar violados los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, y al buen nombre de los 2.200 empleados de esa Entidad.
Otálora apoya la acción de tutela con el fin de garantizar el derecho al trabajo y proteger la administración pública.
“La acción de tutela tuvo origen en la negativa para prorrogar el contrato de arrendamiento de la nueva sede de la Contraloría, el cual se vence el 31 de diciembre del presente año. Específicamente, el Contralor solicita se renueve el contrato sin las cláusulas respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación ha formulado observaciones acerca de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, y por las que existe una investigación penal en curso”, aseguró Otálora.
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