La tercera tampoco fue la “vencida” para Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le negaron la libertad, por tercera vez, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa de la exconsejera tras la segunda negativa a la petición de libertad por vencimiento de términos, que fue resuelta el pasado 21 de enero.
Lea aquí: “Aún tiene influencia en el Gobierno”: Juzgado negó la libertad a Sandra Ortiz, imputada por corrupción en la UNGRD
“Declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, precisa la decisión del magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien llevó el caso.
Así las cosas, la exfuncionaria continuará privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, ubicada al norte de Bogotá, donde está recluida desde el 18 de diciembre de 2024 tras ser acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.
Siga leyendo: Detalles inéditos de la demanda que busca “muerte política” de nueve congresistas salpicados en escándalo de la UNGRD
El 21 de enero, el juzgado 79 con función de control de garantías de Bogotá negó, por segunda vez, la libertad por vencimiento de términos a Ortiz. Para la jueza, no existían las condiciones necesarias para decretar el vencimiento de términos a favor de la exconsejera involucrada en el entramado de corrupción. El 31 de diciembre, a pocas horas de que terminara el 2025, el mismo despacho judicial negó por primera vez la libertad a la exfuncionaria.
Sandra Ortiz fue la primera funcionaria del gobierno Petro en ser privada de la libertad por el caso de corrupción de Gestión del Riesgo. La Fiscalía la acusa de haber servido como intermediaria para entregar coimas por 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del Gobierno en el Congreso.
“El 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez”, señaló la Fiscalía.
La exfuncionaria, según el ente investigador, “tenía pleno conocimiento de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD”.
Por este mismo escándalo ya fue condenado Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector de Manejo de Desastres de la entidad, mientras que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aún sigue negociando un preacuerdo con la Fiscalía.
Además, permanecen privados de la libertad, al igual que Ortiz, otros funcionarios del gobierno Petro como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; mientras que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, permanece prófugo en Nicaragua. El exfuncionario tiene circular roja de Interpol.
Le puede interesar: ¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD?
Regístrate al newsletter