Lanzan alerta: uso de minas antipersonal volvió a aumentar en Colombia

2021 sería el año más afectado por ese delito desde la firma del Acuerdo: Cicr. Van 378 víctimas.

Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, en lo que va del 2021 se han registrado 378 víctimas de minas antipersonal. 33 perdieron la vida. Foto: Julio Herrera

En lo que va de 2021, el país ha registrado un promedio de 1.2 víctimas diarias de minas antipersonal y municiones sin explotar. Una cifra que, de continuar con la tendencia, podría convertir este año en el período con más afectados por ese delito desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Así lo alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja, quien definió a Norte de Santander, con 113 víctimas, Cauca (108), Chocó (28) y Valle del Cauca (28); como los cuatro departamentos más afectados.

Según el anunció del Comité, las 378 víctimas que van hasta este mes de septiembre representan el 97% del total de personas afectadas que se registraron en todo el 2020, un dato que vislumbra la importancia del asunto.

Pese a que otros nueve territorios han sufrido de ese flagelo, esos cuatro, además, concentran nichos de violencia que podrían explicar buena parte de las afectaciones. Solo en Norte de Santander, donde están el 29,8 % de las víctimas de minas, también se concentra el 28 % del total de hectáreas de hoja de coca sembradas en el país, lo que lo hace el departamento con más cultivos de uso ilícito de Colombia según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dtroga y el Delito, UNODC.

Así mismo, Indepaz detalló que en ese departamento se encuentran localizados la mayor parte de la estructura criminal de los Rastrojos y que dos de sus municipios tienen riesgo alto por presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln; además de 14 municipios con presencia de las disidencias de las Farc.

Pero ese departamento no es un caso aislado. Cauca, por su parte, reúne el 28.5 % de las víctimas de minas y el 18.2 % de hectáreas de coca sembradas. De hecho, la suma de las hectáreas sembradas en los cuatro departamentos es de 96.781 ha., que corresponde al 67,7 % de los plantíos en Colombia.

La alerta a nivel nacional

La alarma se generó porque en este segundo semestre del año ha habido un aumento de incidentes con elementos explosivos. Antioquia, por ejemplo, pasó de 16 casos reportados en la primera mitad del año, a 23 en estos últimos meses. Al igual que Chocó, que aumentó de 7 a 28 incidentes con minas y municiones sin explotar.

Pero la problemática va más allá de el aumento de las cifras, pues representa afectaciones graves a los derechos humanos de las comunidades que los padecen.

“La presencia de estos artefactos explosivos es la causa de diferentes consecuencias humanitarias como el desplazamiento y confinamiento de las comunidades afectadas”, afirma Ana María Hernández, coordinadora de la unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia.

Una muestra de ello es que solo en el municipio antioqueño de Murindó permanecen confinadas 282 familias, integrantes de siete resguardos indígenas, que se vieron obligadas a no movilizarse por su territorio por amenazas del Clan del Golfo y el Eln, quienes se encargaron de minar las montañas en las que residen. Por esa misma razón, según la Organización Indígena de Antioquia, unas 4.000 personas están confinadas en todo el departamento.

Y para la población militar la historia no es muy distinta. Pese a que históricamente representan un porcentaje menor al de las víctimas civiles, la Organización Mil Víctimas, que se dedica a defender los derechos de esa población, ha documentado 661 afectados desde 2016 hasta la fecha, de los cuales 12 han perdido la vida en lo que va del año.

Bajo ese contexto, la Misión de Verificación de la ONU alertó sobre una escalada del conflicto en los últimos años. Su más reciente informe, publicado el 31 de septiembre de este año, registra en los últimos tres meses, 15.200 personas afectadas por el desplazamiento forzado y 46.321 confinadas por actores ilegales.

Desminar lo minado

En el país se adelantan diferentes procesos de desminado humanitario con el que se ha logrado declarar 172 municipios libres de sospechas de minas. Pese a ello, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoce que, por lo menos, 135 territorios continúan sin ser priorizados para descontaminarlos porque la presencia de grupos armados no lo permite.

El país, entonces, se enfrenta a un escenario donde las ONG y el Ejército intentan avanzar en el desminado, y los grupos ilegales continúan minando.

“No es posible esto, ni que al día de hoy sigan aumentando las víctimas civiles y militares en medio de un proceso de paz. Esta situación denota la urgencia de las medidas por parte del Estado y de tipo judicial para abordar y erradicar el flagelo. Las víctimas merecen eso”, concluyó Rosa Yineth Valoyes, directora de la Corporación MilVictimas.

Datos de Descontamina Colombia registran que entre 1990 y el 30 de septiembre de 2021, las minas antipersonal han dejado 12.103 víctimas, de las cuales han fallecido 2.13.