El exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, envió un comunicado a la opinión pública en el que respalda el testimonio que brindó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
Osorio reveló que José Félix Lafaurie, actual presidente de Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, le había pedido a Mancuso que apoyara la campaña de Mario Iguarán para que se convirtiera en fiscal general.
“Debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie. Todo ello fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz”, cita la carta obtenida en primicia por El Tiempo.
Durante la declaración a la JEP, que fue publicada por Noticias Caracol, Osorio contó que la solicitud de apoyo se hizo, incluso, en la casa del exjefe paramilitar que fue extraditado a Estados Unidos en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y cumplió su condena por narcotráfico el 27 de marzo de 2021.
De acuerdo con la intervención, el argumento que Lafaurie y Osorio dieron a Mancuso para respaldar a Iguarán, fue que si este era elegido como fiscal “sería mucho más benévolo” con los entonces paramilitares puesto que él conocía “muy bien” las leyes de Justicia y Paz.
Lafaurie, además, le habría entregado el nombre y contacto de los miembros que elegirían al nuevo fiscal, para que el exjefe paramilitar los presionara.
“Estas declaraciones y su repercusión en el proceso judicial que adelanta la JEP comprueban una vez más que Justicia y Paz ‘se quedó corta’ para juzgar de manera integral los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado”, señaló Mancuso, aludiendo a la Ley 975 del 2005 con la que se buscaba la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares.
“Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales termine engavetada para ‘comodidad’ de una parte del poder político y económico de Colombia”, sentenció el exjefe paramilitar, que en agosto del año pasado asistió a una cita virtual en la Comisión de la Verdad, donde reconoció y pidió perdón por los crímenes de las AUC.
Además de la incidencia paramilitar en la elección del exfiscal Mario Iguarán, Osorio ya había reconocido su responsabilidad en los desplazamientos que se presentaron en Tulapas (Urabá antioqueño) entre 1995 y 1997 donde, según dijo, ganaderos, accionistas y directivos del Fondo Ganadero de Córdoba apoyaron la iniciativa de la casa Castaño de adquirir tierras en Urabá mediante un despojo de tierras, ratificado como tal en 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, el exgobernador de Córdoba dio a conocer nombres de funcionarios y autoridades públicas que facilitaron el mencionado despojo.
A propósito, Mancuso ratificó que “un importante sector empresarial participó activamente en la creación y apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia” y recordó que él mismo intervino “en otras tantas situaciones y temas de la vida política y económica de la región y del país, en un tipo de alianza gremial, política y militar que ha tenido alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar”.
Aunque ha buscado comparecer en otras ocasiones ante la JEP, Mancuso hizo su más reciente solicitud el pasado 4 de agosto para declarar en el caso de los falsos positivos. La solicitud se encuentra en estudio, pero podría ser citado en cualquier momento en calidad de testigo.
En la carta compartida este miércoles, el exjefe paramilitar, que además fue segundo comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), recalcó que “es evidente que hoy por hoy la JEP es el único Tribunal de Justicia Transicional y Restaurativa híbrido, –nacional e internacional– (...) que tiene la capacidad, la independencia y los recursos para llegar al fondo y esclarecer lo que pasó en el conflicto armado de manera integral”.
Así mismo, pidió a la JEP que “vele y garantice la seguridad de las personas que deciden dar ese paso, como Benito Osorio, porque quienes no quieren que la verdad se sepa son hoy poderosos o, incluso, más poderosos de lo que fueron en aquellos aciagos tiempos”.
Para el caso de Osorio, la JEP lo dejó en libertad al considerar que su declaración ante el tribunal de paz fue significativa, puesto que no solo hizo entrega del escrito sino de varios documentos de su archivo personal y un disco duro que podría contener información relevante para el esclarecimiento.
