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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio este lunes un nuevo, y tal vez último, empujón al expediente que por el escándalo de la parapolítica enfrenta el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero.
En efecto, en un auto que tiene la firma de cinco conujueces –quienes llegaron al proceso tras el carrusel de impedimentos que reveló la semana pasada EL COLOMBIANO–, el alto tribunal determinó que el caso no tiene por qué cambiar de magistrado sustanciador y, por lo tanto, ya debe llegar a su etapa final.
Esto se traduce en que el magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala de Primera Instancia de la Corte, tiene que presentar un escrito definitivo sobre el expediente Ramos, en el cual determine jurídicamente si el exgobernador es o no culpable del delito de concierto para delinquir agravado que se le imputa por su posible nexo con las extintas autodefensas.
Torres se había declara impedido para seguir con el caso luego de que el pasado 23 de agosto llegara a su despacho el fallo final de una tutela que interpuso Ramos y en la que se determinó que se le vulneró el derecho a la legítima defensa luego de que se filtrara una ponencia que pedía su condena y que fue proyectada por este togado.
En todo caso, el tribunal constitucional dijo que no se debía cambiar a Torres del caso, aunque él argumento en su impedimento que el trámite de la tutela de Ramos lo había convertido en su contraparte.
Pero todo esto se cayó con la decisión de la Sala Penal, según la cual el impedimento de Torres es “infundado”. Ahora debe determinar si se mantiene en pedir la condena de Ramos o no, algo que se debe realizar antes de marzo de 2022, cuando se cumplen 20 años de la posible comisión del delito imputado: podría prescribir si no hay decisión previa a ese mes.