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Como era la promesa de campaña esta fue una de las primeras leyes radicadas.

ilustración Esteban parís

En el Congreso ya reposa la reforma política del nuevo gobierno, un acto legislativo que transforma tres capítulos de la Constitución y que busca fortalecer los partidos, castigar a las colectividades por avalar candidatos cuestionados y brindarle al Consejo Nacional Electoral, CNE, autonomía técnica y administrativa.

Una reforma que ha sido presentada por varios gobiernos, entre ellos el anterior, y que ha fracasado porque, entre otras cosas, en el sistema de elección hay muchos intereses de las fuerzas políticas que son las que toman las decisiones en el Congreso de la República.

Según Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, es una buena idea del gobierno haber presentado una reforma al sistema que aborde pocos puntos “porque entre más grande la reforma más se enreda en su discusión”.

El primer punto del acto legislativo presentado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, busca fortalecer a los partidos para que hagan elecciones primarias obligatorias en la que los militantes elijan a quienes van a participar en la elección general. Este cambio implicaría que las colectividades tengan un registro claro de sus militantes y que en esas elecciones participe más de un candidato.

“Nosotros proponemos que dejen a los partidos usar otro tipo de mecanismos como las encuestas o las convenciones, porque para muchos cargos uninominales, las colectividades generalmente solo tienen un candidato. Por ejemplo, el Centro Democrático utilizó una serie de encuestas para definir quién sería su aspirante presidencial y eso es válido. El mecanismo no debería imponerse a través de la Constitución”, dijo Barrios.

Ese artículo también obliga a que a través de esas primarias se elijan los participantes para las listas cerradas de Congreso y asambleas que deberán tener el mismo número de mujeres que de hombres.

Según Yann Basset, director del observatorio de Procesos electorales de la Universidad del Rosario, “la lista cerrada es una propuesta realmente importante y necesaria para los partidos políticos. Se ha propuesto varias veces y el problema es quizá, que es muy difícil que se apruebe. La gran pregunta es si esta vez el Congreso accede o se niega como lo muestra el registro histórico”.

Los otros puntos

Un segundo punto es que la reforma sanciona a las colectividades por avalar candidatos cuestionados “quienes hayan sido condenados durante el ejercicio del cargo por sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por vinculación con grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”. Los castigos van desde multas hasta cancelación de la personería jurídica.

Barrios asegura que en la ley hay que incluir los “delitos contra la administración pública y los delitos electorales. Un partido político debe responder cuando un congresista, un alcalde o un gobernador es condenado por desfalco. Este es el momento para que en ese artículo se incluyan también los delitos electorales, porque en este momento si alguien compra votos, el partido político no responde”.

En el mismo artículo, la reforma contempla que la financiación de las campañas sea preponderantemente estatal, no obstante, para Sandra Martínez, líder de transparencia en la política de Transparencia por Colombia “el gran problema no es el qué, es el cómo. En la ley debe quedar claro que la entrega de los fondos sea equitativa, oportuna, que los anticipos se entreguen y lo más importante que los candidatos reporten cuentas en tiempo real para hacer seguimiento de dónde vienen los recursos y si hay o no violación de topes”.

En el tercer punto los analistas consultados están de acuerdo con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa siendo un organismo sin dientes. Según el exviceministro del Interior, Juan Fernando Londoño, “un CNE que esté conformado por políticos que sea más poderoso, se vuelve un riesgo para la democracia. Mientras no se cambie el mecanismo de elección de magistrados, fortalecerlo va a agravar la situación. Hay que volverlo un órgano independiente de los partidos”.

Y agrega: “la reforma parece buena, pero el gran problema es que ninguna de esas normas va a tener efecto en las elecciones locales del 2019, porque tratándose de reformas constitucionales, requieren dos vueltas en el Congreso y se va a hacer efectiva en el primer semestre del año entrante, ya sin efecto”.

Por último, Barrios advierte que si no se modifica la autoridad electoral “este proyecto no vale absolutamente nada”.