Armando Custodio Wouriyú Valbuena es el hombre que fue vocero del comité promotor para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno nacional; también es la persona a cuya cuenta bancaria el presidente Gustavo Petro pidió a los colombianos enviar dinero; y, al mismo tiempo, es el representante legal del Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, conocido como Wuinpumüin.
Ese territorio, delimitado mediante la Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), abarca 257.000 hectáreas, equivalentes a unos 2.700 kilómetros cuadrados.
El área está ubicada dentro del municipio de Uribia, en La Guajira, que tiene cerca de 45.000 habitantes. Así lo denunció el periodista Melquisedec Torres en su cuenta de X.
La resolución que delimitó el territorio: ¿qué dice la ANT?
La Agencia Nacional de Tierras respondió con un comunicado de prensa el pasado 12 de junio con el que afirmó que el proceso de delimitación se inició el 26 de noviembre de 2025, cuando el propio Wouriyú Valbuena presentó formalmente la solicitud ante esa entidad.
Para llevar a cabo el proceso, la ANT trabajó de manera articulada con el DANE, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio del Interior. Entre el 11 y el 13 de marzo de 2026 se realizó una visita técnica al territorio.
La ANT insistió en un punto que es el centro del debate: “La delimitación realizada no crea una nueva entidad territorial indígena, no modifica los límites de los municipios existentes, no altera la división político-administrativa del país ni afecta las competencias de las autoridades actualmente constituidas”.
Sin embargo, el periodista Torres y otros críticos sostienen que el proceso sí avanza hacia la creación de un ente territorial que, en la práctica, le quitaría la tercera parte del territorio al municipio de Uribia.
La resolución que delimitó el Wuinpumüin se enmarca en el Decreto 482 de 2025, expedido por el Gobierno Petro para “poner en funcionamiento el territorio”.
Ese decreto es el instrumento jurídico cuestionado. Los críticos argumentan que crear o delimitar un territorio indígena con carácter de ente territorial requiere un proceso legislativo, no un simple decreto del ejecutivo.
La cuenta bancaria, las firmas y el hombre en el centro de todo
La conexión entre los dos roles de Wouriyú Valbuena no pasó desapercibida esta semana. Por un lado, Petro lo designó como vocero del comité promotor para la Constituyente y, semanas después, salió a la luz que la cuenta bancaria a la que el presidente pidió enviar dinero estaba a nombre de este mismo líder indígena.
Wouriyú intentó explicar la situación: “Esa es la cuenta de la asamblea constituyente cumpliendo los requisitos del banco, que tuvo que hacer el estudio jurídico por el mandato de la Registraduría Nacional”.
Y agregó: “Yo no puedo disponer de esa cuenta, tengo que cumplir con unos requisitos y unos controles de la Registraduría Nacional. Incluso, eso tiene una supervisión del Consejo Nacional Electoral”.
La meta de recaudo que él mismo anunció es de 2.060 millones de pesos, destinados a la logística del proceso de recolección de firmas.
“Ese dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas, hasta el momento no nos ha entrado dinero”, dijo a El Tiempo. “Eso es una platica necesaria para imprimir formatos, para comprar bolígrafos... hay que pagar la impresión, el soporte y los costos necesarios”, añadió.
¿Quién es Armando Custodio Wouriyú Valbuena?
Wouriyú es técnico en mantenimiento mecánico, fue concejal en Manaure por el movimiento Cívico Wayuu y luego secretario de educación municipal.
También presidió la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y fue secretario de la Comisión Étnica para la Paz, instancia que participó en la firma del capítulo étnico del Acuerdo Final con las extintas Farc.
Su trayectoria incluye episodios de persecución durante procesos de negociación laboral que lo obligaron a salir de La Guajira, antes de regresar a la región.
Lo que proponía la Constituyente: ¿actualizar o reemplazar la Constitución?
En declaraciones pasadas a Blu Radio, Wouriyú presentó la propuesta como una “actualización” de la Constitución de 1991. Pero el listado de cambios que describió es de fondo, como reforma al cambio climático, gobernanza tecnológica, reforma a la justicia, a la salud, a la educación, reforma agraria, reconocimiento de la tierra como derecho de campesinos e indígenas, reforma política electoral, transformación del modelo económico, cambios al Banco de la República, descentralización y ordenamiento territorial.
“La constitución del 91 es útil, dio un salto necesario, pero hay unos atrasos... que hay que actualizar”, dijo. Y reconoció: “Todavía no está resuelto, por ejemplo, la reforma rural integral, el tema de justicia... eso hay que hacer la adecuación necesaria”.
El comité aspira a recolectar cerca de cinco millones de firmas —el mínimo legal ronda los 2,3 millones— para garantizar su validación ante la Registraduría.
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El abogado penalista Julián Lara, consultado por EL COLOMBIANO, señaló que la invitación de Petro a aportar dinero para la Constituyente “es legal, pero es más una estrategia para mostrar que está sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta”.
Cabe recordar que, en un acto de campaña en Medellín, se recogían firmas para la Constituyente bajo un pendón que rezaba: “Cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia”. El evento correspondía a una visita de Cepeda a la ciudad, también circularon formularios para recolectar firmas.
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