Mediante una carta dirigida a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, planteó sus reparos al proyecto de reanudación de aspersiones aéreas con glifosato, “como parte de un proceso preventivo de defensa de los intereses de la sociedad”.
Carrillo le pidió a la funcionaria que se respeten los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, las cuales definen el conjunto de requisitos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas.
El jefe del ente de control consideró que la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato “debe incorporar un mecanismo de protección al medio ambiente” y los intereses de la sociedad, por lo que se deben respetar los protocolos fijados por el alto tribunal, particularmente en la sentencia T-236 de 2017.
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“Allí existe un conjunto de requisitos mínimos que constituyen ese protocolo y que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas y esos reparos tienen que ver con el principio de precaución”, manifestó el jefe del Ministerio Público.
Carrillo advirtió que el proyecto no presenta elementos claros para armonizar las medidas de sustitución voluntaria con la reanudación del método de erradicación con glifosato, ni estrategias dirigidas a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten de los cultivos de uso ilícito.
Señaló que por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos se ha insistido en la ejecución de estrategias que permitan hacer efectivos los procesos de participación ciudadana, fundamentales para que las comunidades étnicas tengan conciencia de las repercusiones de la aspersión.
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“Estamos en un momento en que un altísimo porcentaje del país, que tiene comunidades étnicas, va ser afectado por esa política. Con eso no queremos decir, de manera alguna, que no se pueda hacerlo, pero previo a esa política pública de aspersión tiene que haber un diálogo con las comunidades y por supuesto una concertación”.
También resaltó que el proyecto, que el Gobierno espera convertir en Decreto, no cumplirá con lo pactado en el acuerdo final de paz que firmó el Gobierno Nacional con las Farc, ya que no se presentan propuestas que armonicen las medidas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la política de aspersión.
“Nos parece que hay que definir qué es lo que el gobierno quiere en la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque hasta la fecha no ha hecho públicas las estrategias que pondrá en marcha para cumplir con lo establecido en el acuerdo”, dijo.
Insistió que la investigación en materia ambiental y de salud sobre la repercusión de las fumigaciones con glifosato debe contar con condiciones de rigor, calidad y garantías a través de una instancia técnica, “ojalá internacional, preferiblemente un órgano de carácter científico con reconocimiento internacional, ojalá en el ámbito de Naciones Unidas”.
