La Justicia Penal Militar abrió este lunes festivo una indagación formal por el bombardeo que ejecutaron las Fuerzas Armadas el pasado 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, donde murieron 20 presuntos integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco”, entre ellos siete menores reclutados forzosamente.
El caso, que ha generado una tormenta política y jurídica, pasa ahora a revisión de esta instancia especial encargada de investigar posibles faltas de miembros de la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones.
Su anuncio se suma al de la Procuraduría, que también abrió una indagación disciplinaria por los mismos hechos.
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“Se ha dispuesto la apertura de una indagación con ocasión de la operación militar y policial adelantada el 11 de noviembre de 2025 en el sector rural de Puerto Cubarro, municipio de Calamar, Guaviare, en la que fueron neutralizados integrantes del grupo armado organizado al mando de alias Iván Mordisco”, se lee en el comunicadi de la Fiscalía General Penal Militar y Policial.
Además, el ente precisó que tras toda operación aérea suele abrir esate tipo de casos preliminares.
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La operación fue ordenada por el presidente Gustavo Petro y, en principio, presentada como un golpe contundente contra las disidencias.
Sin embargo, todo cambió con la confirmación del Instituto Nacional de Medicina Legal, el sábado 15 de noviembre, de que siete de los muertos eran menores reclutados a la fuerza.
La reacción fue inmediata: políticos de oposición, organizaciones de derechos humanos y entes de control cuestionaron la operación y exigieron claridad sobre si se ajustó a las normas que rigen el uso legítimo de la fuerza en el conflicto armado.
La Justicia Penal Militar afirmó que asumirá el caso con “máxima rigurosidad jurídica y técnica”, y que verificará si las acciones de los uniformados respetaron los principios que rigen las operaciones militares.
También aseguró respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
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Procuraduría también investiga y lanza fuerte advertencia
El anuncio de la Justicia Penal Militar se dio apenas un día después de que la Procuraduría General de la Nación iniciara su propia indagación disciplinaria.
El ente de control revisará si hubo errores operacionales que desembocaran en la muerte de los siete menores y advirtió que, de ser así, aplicará las sanciones correspondientes.
Además, el organismo liderado por Gregorio Eljach rechazó con vehemencia el reclutamiento forzado de niños por parte de las disidencias de las Farc, práctica que ha sido denunciada también por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El organismo internacional ha alertado sobre el uso de menores como “escudos humanos” para evadir hostilidades en zonas de conflicto.
En su pronunciamiento, la Procuraduría también llamó la atención a las Fuerzas Militares para “observar y perfeccionar” sus procedimientos. Afirmó que la sociedad colombiana no tolera que grupos criminales pongan en riesgo la vida de los menores, y recordó que ese crimen no es amnistiable.
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Petro defiende la operación, pero crecen los cuestionamientos
Desde el inicio de la controversia, el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, han defendido la operación militar argumentando que los uniformados en tierra enfrentaban una “amenaza letal” e inminente por parte del grupo comandado por alias “Iván Mordisco”.
Aunque la operación fue mostrada inicialmente como exitosa por las bajas a los grupos armados y la incautación de armas y material de intendencia, la muerte de los siete menores cambió por completo el relato.
Críticos, incluso desde la misma izquierda, han recordado que Petro fue uno de los más vehementes opositores a este tipo de bombardeos cuando en el gobierno de Iván Duque murieron menores en operaciones militares similares.
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