A la Cárcel El Bosque, de Barranquilla, llegó este fin de semana la confirmación del primer preso con coronavirus, lo detectaron en una prueba aleatoria que realizaban para mantener la tranquilidad del penal, informó el secretario de Gobierno de la capital del Atlántico, Clemente Fajardo Chams.
“El recluso tiene 26 años, ingresó a la cárcel distrital el día 6 de marzo, por lo que descartamos que ingresara infectado. El recluso se encuentra aislado y hemos determinado, con la Secretaría de Salud, realizarle las pruebas a los reclusos que tuvieron contacto con él”, explicó.
Y es que un solo caso en pocas semanas puede convertirse en un polvorín, cómo ocurrió en la Cárcel de Villavicencio, donde se tuvo noticias del virus el 7 de abril y ya cuenta con 859 casos confirmados, con los que se ha convertido en el principal foco de contagio del país.
Ya se han dado casos confirmados en siete prisiones del país, sin contar con que en la Cárcel Distrital y en la de Montería se dieron contagios en la guardia, que fueron detectados a tiempo, y no llegaron a involucrar a los privados de la libertad.
Esfuerzos por deshacinar
El Gobierno Nacional expidió el pasado 14 de abril el Decreto 546 de 2020, con el que se que busca sacar al menos a 4.000 reclusos de las cárceles y enviarlos a prisión domiciliaria transitoria por seis meses, para mitigar el riesgo de contagio del virus.
EL COLOMBIANO conoció que hasta ayer solo 410 reclusos habían recibido ese beneficio, aunque el Inpec ya hubiera entregado a los jueces 3.598 solicitudes.
Del total de expedientes, 806 beneficios han sido negados porque, como dijo la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, no cumplían con todos los requisitos que expresa el Decreto, y fueron devueltos para que el Inpec solucione las dificultades. Otros 310 fueron admitidos y se espera que en las próximas horas sean decididos. Las demás están en trámite.
Pero como la lentitud de todo el proceso no ha servido para solucionar el problema en Villavicencio, la Corte Constitucional dictó medidas cautelares mediante las cuales todas las entidades y corporaciones encargadas de deshacinar esa cárcel tienen tres semanas para hacerlo.
El Ministerio de Justicia señaló que podrían llevar a una parte de esos reclusos al Yari, un centro del ICBF que funciona en el Meta.
Pese a que solo el 10 % de los que van a salir a prisión domiciliaria transitoria lo han logrado en el último mes, el esfuerzo de la justicia ha sido claro en descongestionar los penales. Desde el 31 de enero, la cantidad de privados de la libertad del país se ha disminuido en 7.877, logrando una reducción de 11,2 %.
A ello han aportado los jueces que han sido más diligentes al otorgar las libertades por vencimiento de términos o por cumplimiento de la pena, y del ente acusador, que una directiva pidió a los fiscales “que soliciten la detención carcelaria sólo en los casos excepcionales”. Según el fiscal general Francisco Barbosa, “lo más importante es que haya justicia efectiva, más no seguir acumulando procesos”.
Así que ante los pobres resultados del decreto, la justicia ha hecho lo suyo para sacar a los presos de las cárceles.
899
casos de covid-19 hay confirmados en las cárceles del país, según el Gobierno.
410
internos han recibido el beneficio de prisión domiciliaria transitoria.
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