Empezó la cuenta regresiva para que se defina la suerte jurídica del exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunta manipulación de testigos. Y aunque la Fiscalía tiene plazo hasta el 6 de marzo (este sábado) para aclarar si continúa con el rumbo del proceso o, si por el contrario, lo archiva, todo parece indicar que este viernes antes de las 8:00 de la mañana habrá humo blanco.
Uribe Vélez se encuentra en calidad de imputado luego de que un juez de la República avalara la indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia, en 2019, como imputación de cargos por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. De ahí que el delegado de la Fiscalía deba ahora decidir si presenta el escrito de acusación en su contra o si, por el contrario, solicita audiencia para exponer la preclusión.
El coordinador de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, fue quien asumió el proceso una vez el exmandatario renunció a su curul en el Congreso de la República, lo cual hizo con la intención de que su caso quedara en manos de la Fiscalía General, porque, según sus abogados, la investigación en el alto tribunal no le brindaba garantías.
Pese a que la Corte Suprema practicó pruebas en el caso contra del exsenador y le impuso hasta una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, el balón ahora está en la cancha de la Fiscalía, que vienen adelantando una serie de nuevas pesquisas paralelas a las que había efectuado el alto tribunal.
Las pruebas que tenía la Corte
Jaimes, quien asumió el expediente finalizando 2020, tiene la potestad de poner a su consideración y la del juez de conocimiento las pruebas que practicó el alto tribunal, entre ellos, los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’.
Ante la Corte Suprema, Monsalve entregó chats y conversaciones telefónicas en las que menciona la manera en la que el abogado Diego Cadena, quien en su momento defendió los intereses del exsenador y es procesado por los mismos hechos, supuestamente lo presionó para que se retractara de los presuntos nexos del exsenador y de su hermano Santiago Uribe con los paramilitares y la creación del Bloque Metro.
Lo que dijo en su momento la Corte, entre otras, es que Monsalve y el abogado Cadena se habrían reunido en la cárcel La Picota de Bogotá, y en medio del encuentro el penalista presuntamente habría mostrado un afán por tener un documento firmado de puño y letra de parte del exparamilitar con su retractación. Esto está consignado en grabaciones que hizo Monsalve a través de un reloj y que reposan en la Corte y en la Fiscalía.
Otro testigo que la contraparte de Uribe Vélez ha llevado al proceso es Carlos Enrique Vélez, exparamiltiar conocido con el alias de ‘Víctor’, quien en 2017 envió un documento a la Corte en el que mencionaba que supuestamente había recibido dineros por parte del senador Iván Cepeda, con el fin de que declarara en contra de Uribe. No obstante, en menos de un año se retractó y entregó una relación de pagos por un poco más de 40 millones de pesos recibidos presuntamente por parte del abogado Diego Cadena.
Según alias ‘Víctor’, los dineros que habría recibido del penalista serían la recompensa por salpicar al senador Cepeda y dejar en alto el nombre del excongresista Uribe. El exparamilitar relató que el trato con Cadena habría sido el de convencer a otros exmilitantes de grupos ilegales para que supuestamente entregaran información que favoreciera al exmandatario.
Sobre estos señalamientos, Cadena ha expresado que esos dineros hacían parte de ayudas humanitarias para un hijo de Vélez; no obstante, tiempo después dijo que estaba siendo extorsionado por el exparamilitar.
La defensa de Uribe también se ha referido a que la Corte no quiso escuchar a testigos que considera claves, como es el caso de Juan Carlos Sierra, alias ‘el Tuso’, quien habría manifestado que recibió visitas de Iván Cepeda y mensajes por parte del magistrado José Luis Barceló para supuestamente hablar en contra del expresidente.
También indican que el magistrado César Reyes, quien tenía a cargo el expediente en la Corte, se habría negado a escuchar al diputado de Antioquia Roque Arismendy, a Juan Manuel Aguilar, y a la exagente de la CIA Lisa Ruth. “Testimonios que hubiesen aclarado que Álvaro Uribe nunca buscó testimonios de Sierra, a quien el expresidente extraditó a los Estados Unidos”, indicó en su momento la defensa.
Pero el alto tribunal también tiene en su poder interceptaciones telefónicas entre Cadena y Uribe, en las que supuestamente se habla de visitas del abogado a la cárcel y de los testimonios que estaba recolectando el penalista.
“La defensa de Uribe ha calificado estas interceptaciones como “ilegales”. (...) Desde el CTI de la Fiscalía advirtieron de manera temprana al despacho que la persona a la cual escuchaban era Álvaro Uribe Vélez y no Niltón Córdoba Manyoma. Barceló y su magistrado auxiliar Iván Cortes –hoy en la JEP- ordenaron continuar con la escucha ilegal. Dentro de las órdenes también se interceptaron las conversaciones cliente con los abogados, vulnerando así una de las garantías universales del derecho de defensa”, afirma el equipo jurídico que representa al expresidente.
Las pruebas de la Fiscalía
Además de las pruebas de la Corte, el fiscal Jaimes adelanta una nueva recolección de evidencias como el análisis de siete sim card que estaban en poder de Monsalve, y que le fueron incautadas el año pasado en medio de una inspección que le hicieron a su celda. Algo que la defensa de Uribe también ha criticado, porque, según dicen, “nunca se conoció que la Corte Suprema haya desarrollado investigación o prueba técnica sobre estos equipos”.
Además de eso, el fiscal del caso quiso tener el testimonio del exparamilitar, pero este se negó aduciendo que se siente “acorralado y presionado”, debido a que lo podrían obligar a retractarse de sus señalamientos.
El abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses del exparamilitar, aseguró que en el escenario en el que la Fiscalía lleve a juicio al exsenador, Monsalve estará dispuesto a dar las declaraciones respectivas.
La defensa de Uribe también se ha referido sobre la necesidad de contrainterrogar a Monsalve: “La Corte Suprema impidió que la defensa del señor expresidente contrainterrogara al supuesto “testigo estrella” del caso. El mismo que hoy se niega a hablarle a la Fiscalía cuando tiene el deber legal de hacerlo. El país también recuerda como la magistrada auxiliar Sandra Yepes Arroyave –hoy en la JEP- entonces adscrita al despacho de Barceló, impulsó y condujo las respuestas que otorgó Monsalve”.
Entre otras pruebas, que según trascendió se han practicado por parte de la Fiscalía, está el estudio técnico a un PC y celular que eran propiedad de Monsalve y que estaban en manos de la Corte Suprema desde que inició la investigación. En este caso, el ente acusador le habría solicitado al alto tribunal entregar los equipos que le decomisó en su momento el Inpec al exparamilitar.
No obstante, según la Corte, una vez perdió competencia sobre el proceso del expresidente, el material “voluminoso” recaudado en su contra fue remitido al ente acusador a través de copias que reposan en el despacho de Jaimes, de ahí que el alto tribunal considere pertinente no entregar los equipos, porque aunque no sigue la investigación contra Uribe, sí adelanta, por los mismos hechos, un proceso en contra del representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.
Pese a la negativa de la Corte sobre los equipos, el alto tribunal dejó claro que los delegados de la Fiscalía tienen el espacio abierto para que se dirijan a los mismos, las veces que sean necesarias, esto debido a que no quieren impedir la labor de investigación que adelantan sobre Uribe.
Por último, este miércoles, ad portas de que se registre una decisión por parte de la Fiscalía, trascendió que es posible que se tenga en cuenta una declaración que entregó el hacker Andrés Sepúlveda, quien habría testificado en algún momento en contra del exmandatario.
Pese a que las declaraciones que hizo hacen parte de otro proceso, el fiscal analiza, junto con sus 20 investigadores, si es necesario tener en cuenta la declaración del hoy condenado.
Lo que viene
Aunque en el panorama hay una gran cantidad de pruebas que practicaron ambas entidades, y además se suman los testimonios que se siguen ordenando dentro del proceso, la Fiscalía tiene una cuenta regresiva para definir la suerte jurídica del exsenador.
Y los escenarios, en todo caso, son solo dos: si decide finalmente avanzar con la presentación del escrito de acusación y así Uribe se tendría que enfrentar a un juicio; o si opta por pedir la audiencia de preclusión ante un juez a quien le correspondería definir si admite esa tesis de la Fiscalía o decide seguir adelante con el caso.
