Sigue la preocupación por el desplazamiento masivo de la comunidad firmante de paz ubicada en el ETCR de Miravalle, Caquetá, luego de que el bloque Jorge Briceño, residual del Estado Mayor Central, los amenazara y declarara ese territorio como escenario de combate con el grupo criminal Segunda Marquetalia, otra disidencia de las extintas Farc.
Aunque el pasado fin de semana el Gobierno confirmó el traslado de los firmantes de la paz ante el panorama de riesgo, la Jurisdicción Especial de Paz se pronunció al respecto solicitando información sobre las medidas, que al respecto y en procura de salvaguardar la vida de los excombatientes, se han adoptado.
Entre las peticiones se destacan la solicitud a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que remita a ese tribunal especial un informe sobre las acciones que se han tomado para garantizar la seguridad en el ETCR y zonas aledañas.
Así mismo, requirieron allegar información sobre las acciones que se han desarrollado en pro de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección respecto de las personas en proceso de reincorporación que se encuentran en el departamento del Caquetá.
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En su comunicación, la JEP solicitó considerar la importancia de implementar medidas urgentes, pero sobre todo efectivas, para garantizar la permanencia de las familias en el territorio y evitar la materialización de las amenazas.
Todo lo anterior tuvo su inicio la semana pasada cuando desde el ETCR dieron a conocer un panfleto en el que un criminal conocido como ‘Calarcá’ les dio 40 días para salir de la zona. Este desertor del Acuerdo de Paz afirma que los desmovilizados se aliaron con la Segunda Marquetalia lo que los convierte en objetivo militar.
“Lamentamos y nos cuesta entender este salto al pasado, esta estrepitosa incapacidad e indolencia de los actores por detener la guerra y no involucrar ni someter a las comunidades, líderes y procesos comunitarios que con grandes esfuerzos navegamos contra corrientes”, lamentaron los firmantes de la paz.
Además, confirmaron que esa situación los obligó a buscar otras tierras para seguir adelante con su reincorporación y proyecto productivo.
“La razón de esta decisión es la imposibilidad de permanencia y convivencia con la guerra, con la confrontación armada, que después de 7 años, está de regreso en nuestros territorios. Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, añadieron.
El gobierno, por su parte, instaló un puesto de mando unificado en el lugar y avanza en los planes de seguridad para garantizar el traslado completo del ETCR. Pero además, instó al EMC a cesar las amenazas, “acciones contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz”, y aseguró que continuará trabajando en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y la MAPP-OEA para monitorear el PMU.
