Si bien el pasado 21 de marzo Santoyo acudió a la JEP para hacer aportes de verdad buscando seguir sometido a la Jurisdicción y acceder a los beneficios transicionales, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reclamó por sus pocas contribuciones.
“Ha optado por guardar silencio y negar su participación en los hechos, situación que acarrea implicaciones dentro del marco jurídico establecido para él, y ante el evidente incumplimiento de la condicionalidad a la que se encuentra sometido”, determinó la JEP.
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En ese sentido, la Sala le ordenó al general retirado ampliar por escrito “de manera inmediata” sus aportes de verdad como parte del seguimiento y evaluación de su régimen de condicionalidad. “En caso de incumplir podría ser expulsado de esta Jurisdicción”, advirtió la JEP.
Previamente, los magistrados le advirtieron a Santoyo que se trata de su última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusten a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz. “De verificarse una actitud renuente a hacer aportes de verdad suficientes, las dos salas podrían iniciarle un incidente de incumplimiento, lo que, en últimas, podría implicar su expulsión de esta justicia especial”, alertaron.
Santoyo, quien permanece con el beneficio de privación de la libertad en unidad policial que le fue concedido por la JEP, es clave para avanzar en el esclarecimiento de la verdad en el caso 06, sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica y 08, relacionado con los crímenes cometidos por la fuerza pública, o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, en el conflicto armado.
El exuniformado fue condenado en Estados Unidos luego de admitir que, en su condición de alto mando de la Policía, le alertaba a grupos narcotraficantes sobre operativos, sumado a maniobras para permitir el tráfico de drogas. Los vínculos con grupos paramilitares se habrían concretado cuando fungió como comandante del Gaula en Medellín, entre los años 1997 a 2001. “De estos vínculos existe suficiente evidencia en la justicia ordinaria”, dijo la JEP.
Por estos hechos, Santoyo tiene dos procesos penales en su contra, que están suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP. Un proceso es por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado ante la justicia de los Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.
Santoyo fue aceptado en la JEP en septiembre de 2021; sin embargo, la JEP ha advertido que en caso de que se determine que incurrió en un incumplimiento del régimen de condicionalidad y es expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serían remitidas a la justicia ordinaria y se mantendría privado de la libertad.