Esta semana el caso del hermano del expresidente Álvaro Uribe se alborotó. Desde algunos sectores comenzaron a pedir que el juez que lleva el caso de Santiago Uribe dé pronto su fallo. Pero no parece que sea fácil. Este año se cumplen 30 años de los hechos por los cuales lo acusaron inicialmente, la muerte de un conductor de bus escalera. Santiago Uribe fue exonerado en el año 2000, antes de que su hermano Álvaro asumiera la Presidencia de la República. Sin embargo, también lo han señalado de pertenecer al llamado grupo de los Doce Apóstoles, el caso está aún sin resolverse y desde 2021 se espera una sentencia.
Su abogado defensor Jaime Granados explicó a EL COLOMBIANO lo que han sido, desde su punto de vista, los intríngulis del caso. Habla en detalle de las pruebas que según él demuestran la inocencia de su defendido y asegura que nadie espera más que Santiago Uribe que haya una decisión de fondo. Sin embargo, advierte que temen que las presiones de la contraparte contra el juez terminen por minar la autonomía e independencia del fallo.
¿Es posible que tras este largo proceso condenen a Santiago Uribe?
“Santiago Uribe está esperando que el juez especializado que lleva su caso se pronuncie con una sentencia, que esperamos sea absolutoria. Desde marzo de 2021, es decir, hace ya 3 años asistí como su defensor a 6 sesiones, casi 36 horas de intervención, y allí se expresaron todos los argumentos. Sin embargo, han pasado casi 3 años y no se tiene todavía la sentencia”.
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¿Y por qué se ha tardado tanto?
“Este es un caso cuyos hechos ocurrieron hace 30 años, entre enero y febrero del 1994, relacionados con un supuesto concierto para delinquir con grupos paramilitares que, como lo probamos, no existió nunca, y con el asesinato de un humilde conductor de un bus escalera llamado Camilo Barrientos. Entonces por esos hechos, así rápidamente considerados, es que Santiago Uribe ha sido juzgado e investigado múltiples veces. Primero fue exonerado en 1999 y confirmado el inhibitorio en el año 2000. Se le reabrió el proceso en el 2010 y estuvo en manos de la Fiscalía hasta el 2017. Ahora estamos pendientes de que se produzca una decisión luego de todas las vicisitudes de un proceso de esta complejidad. Estamos hablando de un expediente de más 100 cuadernos físicos y más de 60 cuadernos digitales”.
El juez dijo en 2021 que le iba a llevar cuatro meses emitir un fallo, pero extrañamente aún no ha salido...
“Inicialmente se habló en la audiencia de cuánto tiempo demoraría y él había estimado que en cuatro meses podía tener un pronunciamiento, pero lo cierto es que el tiempo fue pasando, llegó la pandemia y este es un proceso bajo la Ley 600. El juez ha manifestado ante diferentes derechos de petición, que él tiene una carga de trabajo muy alta en su despacho, tiene 151 expedientes bajo el modelo acusatorio, casos complejos de Justicia especializada, que tiene otros 19 procesos complejos de Ley 600 como este y que no tiene equipo. Nosotros jamás hemos intentado presionar de ninguna manera al juez, hemos sido respetuosos de la situación que él ha alegado, a diferencia de otras partes que sí han intervenido fustigándolo por eso, a pesar que el derecho a tener un juicio sin dilaciones injustificadas es un derecho que está en primer lugar para beneficiar al acusado porque él es el afectado”.
¿Decía usted, presión contra el juez, de parte de quién?
“Pues del abogado de la parte civil (Daniel) Prada Albarracín, que ha estado en los medios ventilando en contra la demora y a través del periodista Daniel Coronell. El juez ha sido objeto de presiones burlescas llevándole un pastel con dos velitas de cumpleaños en marzo del año pasado, y me imagino que llevarán un tercer pastel con 3 velitas este marzo porque así ha sido el nivel de burla, de ironía y de sátira en este caso, y además de constantes derechos de petición, presionando”.
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¿Existe alguna posibilidad –o riesgo, depende quién lo mire–, de que precluya el caso?
“No, no, no. Este es un caso que tiene que resolverse con una sentencia de fondo. Hay un debate técnico sobre la prescripción, pero eso se resuelve en la sentencia y no tiene nada que ver el que se haya demorado hasta ahora. Nuestro interés es que haya un pronunciamiento de fondo de todos los argumentos que expresamos en esos 6 días de audiencias donde se explicó por qué no hay mérito alguno para haber ni acusado a Santiago, ni mucho menos para condenarlo. Y en eso, puedo ser todo lo detallado del caso, pero lo que hoy vemos con preocupación es que la administración de la justicia, en cualquier país, parte de la independencia y la autonomía del juez. Cuando el juez está sometido, el que sea, a unas actuaciones donde buscan minar su independencia y su autonomía, pues la decisión que tome ese juez no será una decisión que esté a tono con los requerimientos de derechos humanos establecidos, los estándares internacionales y nuestra propia Constitución”.
¿Evidentemente no está bien la presión a los jueces, pero también es muy extraña la demora?
“Si ese juez tuviese el tiempo suficiente para decidirlo, seguro ya lo hubiera hecho porque él estuvo durante todo el juicio, no ha habido sucesión de jueces. Para que tenga una idea, ¿sabe cuánto le demoró a la Fiscalía en esta última etapa acusar a Santiago en la investigación y con todo un equipo de fiscales? ¡Siete años! Y eso para investigar con todo el poder de la Fiscalía de Montealegre. Entonces se pretende que un juez solitario, lleno de trabajo, lo resuelva en la mitad del tiempo o menos de lo que se tardó la Fiscalía en acusarlo”.
Pero si las audiencias fueron hace tres años, cómo un juez va a tener frescas esas pruebas para fallar hoy...
“Justamente ese es parte del problema. Los más interesados en que la decisión fuese lo más rápida éramos nosotros, porque teniendo fresco nuestros argumentos hubiera sido más fácil, pero como los jueces en este sistema, que es el viejo, todo tiene que ser por escrito y estudiar todo, pues pasa el tiempo y tiene que volver a escuchar las audiencias, ver los videos, leer el expediente...”.
¿Entonces esto va para el 2030?
“No sabemos, pero si al juez no lo descargan de trabajo o no le dan equipo pues esto puede demorarse y no sabemos cuánto. Aquí se han enfocado en atacar a un funcionario, el que sea, aquí no estamos asumiendo ninguna defensa oficiosa de nadie, sino que lo que nos preocupa es que ante semejante presión, pues la salida más fácil es que el presionado resuelva a favor de quien lo presiona para que le quite la presión. Aquí el tema de fondo es que ya la justicia, cuando el caso estuvo fresco, lo había exonerado”.
¿Cuándo lo exoneró?
“Los hechos ocurrieron en el 94 y a él lo investigan desde el año 96 bajo la justicia sin rostro en esa época, imagínate cómo es de viejo este proceso que existía la justicia sin rostro. Y con esa justicia a él lo exoneran en el año 99 en primera instancia y le confirman la inhibición en el año 2000, siendo fiscal Alfonso Gómez Méndez, que ha sido uno de los fiscales más severos en la lucha contra el paramilitarismo y no siendo presidente Álvaro Uribe, que llegó a la Presidencia en el 2002. Tampoco era gobernador de Antioquia”.
¿Y el caso por qué resucita?
“Eso es lo interesante. Luego de una década completa del caso muerto, porque había sido exonerado, justo cuando estaba a punto de salir de la presidencia Álvaro Uribe en el año 2010, en mayo, aparece el mayor Juan Carlos Meneses, en Buenos Aires, dando unas declaraciones señalando a Santiago Uribe”.
¿Cuál es su interpretación de esa aparición de Meneses?
“El mayor Juan Carlos Meneses había estado refugiado, como él luego lo dijo, en Venezuela. Lo tenía protegido Chávez, era un tipo vinculado con el narcotráfico, con el cartel del Norte del Valle. Y después los enemigos de Álvaro Uribe Vélez — los del grupo que lidera el sacerdote jesuita Javier Giraldo, la Fundación Intereclesial, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y todos los que siempre lo han perseguido—, llevan a este señor a Argentina, con el apoyo del gobierno de Chávez, y allá, ante el premio Nobel Pérez Esquivel, y después ante el fiscal Iván Velásquez, que venía de parte de la Corte como magistrado auxiliar, y después ante la Fiscalía que terminó siendo en su momento regentada por Montealegre, terminó vinculado Santiago Uribe, tras revocarle el inhibitorio”.
¿Qué hizo Meneses?
“Al mayor Meneses, mentiroso, traumado, le probamos más de 30 mentiras, la más importante es que él dice que cuando él hizo el acuerdo supuestamente de apoyo de la Policía con los paramilitares y con Santiago Uribe, en la finca La Carolina, según quedó en los libros de registro de la Policía, él fue allá en los primeros días de enero del año 1994. Y resulta que justo en esos días, del 4 al 9, Santiago Uribe Vélez estaba en la feria de Manizales, con evidencia que llevamos al juicio fílmica, fotos de la prensa de la época, fotos de amigos, porque además fue una feria inolvidable de Manizales, porque fue indultado un toro Bolero de la hacienda La Carolina y fue todo un acontecimiento. Entonces probamos en el juicio, que era imposible que se hubieran podido ver, porque él estaba en Manizales en la feria y no estaba en La Carolina”.
¿Y en esa reunión se habría pactado la muerte del conductor? ¿O por qué es importante?
“No, la muerte del conductor fue después, el 24 de febrero, y quedó ya probado que la orden de matarlo la dio Meneses, por una pelea con otro policía, Amaya, pelea en la que además nada tiene que ver Santiago Uribe, que nunca conoció a este personaje. No hay nada que lo vincule”.
Para refrescar la memoria, Camilo Barrientos manejaba un bus de escalera entre Campamento y Yarumal y lo pararon en la vía, lo bajaron y lo mataron en 1994...
“Exacto, lo mataron sicarios que consiguió Meneses, que ya está condenado en primera y segunda instancia por eso, y el policía Alexander de Jesús Amaya, que tuvo una pelea con este señor Camilo Barrientos en una cantina, en un tema totalmente ajeno a Santiago Uribe, a quien ni siquiera conoció, y eso lo probamos en el juicio”.
¿Por qué este asesinato lo relacionan con Los Doce Apóstoles, grupo al que le atribuyen más de 160 homicidios? ¿Cuándo la muerte de este conductor termina siendo la punta del iceberg?
“Todo fue por Meneses, Meneses lo vinculó. ¿Qué pasó? El cuento de los Doce Apóstoles no pasó de ser sino una fábula. ¿En qué sentido? En que el sacerdote Gonzalo Palacio, que en paz descanse, y otras personas que fueron investigadas por estos hechos, como Nonato de Jesús Pérez, fueron investigados y exonerados por el tema de los Doce Apóstoles, y en su época, estoy hablando de la década de los noventa, cuando exoneraron a Santiago Uribe, el abogado defensor del sacerdote Palacio es el eminente jurista Fernando Velásquez, y el que defendió a Nonato de Jesús Pérez, fue ni más ni menos que Jesús María Valle Jaramillo, que en paz descanse, líder de derechos humanos, líder en la lucha contra los paramilitares como probablemente ningún otro de la historia de Colombia, ¿quién se imagina a un tipo que su vida la dedicó a luchar contra los paramilitares, defendiendo a uno de ellos? Eso nadie lo imagina. Allí lo que hubo fue un programa criminal de ‘limpieza social’ de la Policía, en varios municipios de Antioquia, no solamente en Yarumal, y los que iban a responder por esos crímenes eran los policías, entre otros, Amaya, condenado por eso, y Meneses, condenado por eso. Nada que ver con un grupo de civiles y mucho menos de hacendados, y mucho menos, de quien administraba la hacienda La Carolina, que no es de Santiago Uribe Vélez”.
El caso de la muerte de este conductor de escalera ya quedó resuelto, pero la existencia de los Doce Apóstoles, se supone que fue entre los años 1993 y 1994, en Yarumal y Santa Rosa de Osos.
“Y también quedó esclarecido y exoneradas las personas que ahí vincularon, y como también fue exonerado Santiago. Lo que hace hábilmente este personaje Meneses y los que lo asesoran, fue reciclar a quienes habían sido exonerados, ya la mayoría fallecidos, con la muerte de Camilo Barrientos, que sí era de ellos, y meter ahí a Santiago. Y para unirlos, como no tenía nada que ver el uno con el otro, fue que se inventaron una supuesta reunión en la hacienda La Carolina de Meneses con Santiago, en enero del 94. Lo que pasó fue que cuando uno miente, pues la mentira se va a descubrir. Cuando ubicaron la reunión, resulta que da la casualidad, afortunada, que era imposible que estuviera Santiago, porque esa semana estaba en la feria Manizales”.
La acusación contra Santiago Uribe, que hoy está en manos del juez que según usted está siendo presionado, ¿es por la conformación del grupo o por todos los asesinatos del grupo?
“Lo están acusando de concierto para delinquir, o sea, formar parte de un grupo, en este caso de paramilitares, y por el homicidio de Camilo Barrientos. De los centenares de homicidios que alegan que hubo, ¡uno solo! Que no tiene nada que ver Santiago, por lo que le he explicado, y lo probamos en juicio ampliamente”.
La justicia ya aclaró que Meneses dio la orden para matar a Barrientos, pero por otro lado, toda la existencia de un grupo criminal que mató a 160 personas en esa zona, ¿es parte de la investigación o no?
“Lo que se investigó y lo que se mostró fue que sí hubo muertes en esa zona, en Antioquia. ¿Qué fuera fruto del grupo de los Doce Apóstoles? No. Fueron atribuidas en su mayoría a la Policía que realizaba unas campañas criminales bárbaras, de llamada ‘limpieza social’, confesadas por Alexander Amaya, confesada por Meneses. Es lo que ellos hacían, eran sicariatos. Y por eso las personas que se vincularon con ellos fueron exoneradas, como el cura Palacio y Nonato de Jesús Pérez”.
¿Y usted cree que los policías actuaron por cuenta propia?
“Los temas de ‘limpieza social’ han ocurrido en Colombia y obedecen a un análisis distinto. Pero no pueden hacer responsable a Santiago Uribe Vélez de que en Colombia haya habido limpieza social de la Policía, en una época concreta. No hay nada que relacione el uno con el otro. Y lo que trataron de hacer, por un tema de venganza criminal política, utilizando a Meneses, fue tratar de hilar lo uno con el otro porque no existía pegamento alguno. Ahora, como era tan descaradamente mentiroso, a Santiago Uribe no lo detienen por Meneses.”
Entonces, ¿por qué lo detienen?
“Consiguen otro testigo. Y lo consiguen los mismos, incluido el abogado Prada Albarracín, lo llevan a Santiago de Chile y hacen todo el montaje. Se trata de Eunicio Pineda Luján. Y este testigo, que aparece en el año 2012 y desde esa fecha está viviendo por fuera de Colombia, financiado por la fundación que lidera el sacerdote Javier Giraldo, un testigo pagado, subsidiado durante doce años, en este caso contra Santiago Uribe. Pudimos probar que es un enfermo mental esquizofrénico. Y con todo su expediente clínico, se logró acreditar en el juicio. Y segundo, lo más dramático, que mintió descaradamente, porque él dio a entender de que él había estado allá y que él había visto que sí había un grupo paramilitar y resulta que fue desmentido por su propia compañera sentimental, con quien vivía allá, que contó que era mentira de que hubieran visto allá personas dedicadas al crimen”.
¿Qué pasó con el padre Palacio?
“Él se retiró de la vida activa sacerdotal por edad y murió luego por una enfermedad, siempre fue exonerado, al igual que Nonato de Jesús Pérez”.
¿Y Amaya todavía está en la cárcel?
“Está preso, a Meneses sí lo liberó la JEP, ese fue el premio a todas sus mentiras”.
¿Por eso es que el expresidente Uribe se preguntó esta semana dónde están los presos de los Doce Apóstoles...?
“Exactamente, es que aquí no los hay... Pero sobre todo, lo increíble de esto es que un caso que estaba esclarecido, lo reviven y hacen todo el montaje contra Santiago, y todo eso funciona porque finalmente el fiscal de entonces se llama Montealegre, que tiene esa obsesión para perseguir a Álvaro Uribe Vélez, que le quita el caso al fiscal que tenía de derechos humanos y trae a Carlos Iván Mejía, recomendado por y de la cuerda de Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia. Y es este Carlos Iván Mejía el que monta el caso, que detiene a Santiago Uribe Vélez y lo lleva a juicio. Santiago Uribe es hoy el más interesado en que esto se resuelva, ya estuvo dos años presos siendo inocente, las propias evidencias hablan por sí solas. Su tragedia es ser el hermano de Álvaro Uribe. La única razón por la que él estuvo preso”.
Pero sí hay nombres asociados a los Doce Apóstoles...
“Se especulaba del sacerdote que no lo fue, Nonato que no lo fue, se hablaba de un tal “Pelo de chonta” que está muerto. Y básicamente terminó siendo una fábula. Lo único cierto es que sí hubo unas muertes, que fueron atribuibles en su mayoría a sicarios de la policía, de la delincuencia común no esclarecida, pero que nada tiene que ver con una estructura de un grupo paramilitar y mucho menos asentado en la Hacienda la Carolina y mucho menos que fuese liderado por Santiago Uribe. Eso quedó absolutamente probado. Obviamente es un proceso largo que tiene muchos testimonios, temas técnicos y demás, pero al fondo se limita a lo que le estoy diciendo, quedo absolutamente establecida la inocencia de Santiago. El juicio está grabado y ahí están las pruebas”.
