Gobernadores de varios departamentos se reunieron con la defensora del Pueblo, Iris Marín, para alertar sobre el deterioro del orden público y el aumento de secuestros, atentados y amenazas en sus territorios.
En medio de la crisis de orden público que se registra en varias ciudades de Colombia, este martes hubo una reunión entre varios gobernadores del país y la defensora del Pueblo, Iris Marín. El asunto no podría ser otro que la situación de inseguridad y la zozobra que se cierne con miras a las elecciones de 2026.
El encuentro se realizó en la noche del martes y durante este los gobernadores de Antioquia, Tolima o Meta, así como una funcionaria encarga de Valle del Cauca –donde la semana pasada hubo una oleada de ataques terroristas–, le expresaron a la defensora las preocupaciones de orden público. También se hizo presente el director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera.
Según fuentes que estuvieron presentes durante la reunión, hubo alertas por la instrumentalización de la sociedad civil en los territorios, así como por el aumento del secuestro. En particular, hubo una alerta por la situación en la que se encuentran alcaldes de poblaciones medianas y pequeñas para atender la crisis de inseguridad.
“El diagnóstico de gobernadores y alcaldes sobre el orden público en los territorios fue terrible en la reunión”, expresó uno de los presentes, llamando la atención además por el riesgo inmediato ante atentados y ataques que involucran en mayor medida a la población civil.
Otro punto a considerar como riesgo de mediano plazo es la zozobra frente al periodo electoral y el eventual recrudecimiento de la situación con miras a las elecciones al Congreso en marzo próximo.
“Los gobernantes se han encontrado con que la Fuerza Pública tiene dificultades en recursos, como personal limitado y crisis en suministro de gasolina”, señaló otra fuente, alertando por el poderío creciente de grupos al margen de la ley. De allí el temor por la seguridad de los ciudadanos, pero también de los propios mandatarios.
Incluso, no se descarta que la alerta temprana que usualmente emite la Defensoría del Pueblo tres meses antes de las elecciones para prever situaciones de riesgo sea activada con antelación, cubriendo además la situación de los mandatarios locales.
En el caso del Valle del Cauca, hubo especial atención por la magnitud del atentado en Cali, donde –según reportó la propia Defensoría–, un camión cargado con cilindros bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando como saldo seis civiles muertos, 64 personas heridas, además de graves daños a viviendas, locales comerciales y vehículos.
“El atentado fue de día y menos mal no explotó la carga grande. Eso evidencia que los terroristas no tienen ninguna consideración con la población civil”, advirtió uno de los asistentes.
No menos importante fue la alerta por lo ocurrido en la vereda Los Trozos, en zona rural de Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero de la Policía que brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca fue atacado con un dron cargado de explosivos. El hecho dejó ocho policías muertos y al menos ocho heridos.
“El temor mayor es cómo van a incidir esos grupos en elecciones de marzo”, insistieron los mandatarios regionales, quienes desde ya promovieron la creación de un equipo de trabajo entre los gobernadores, alcaldes y la Defensoría.
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