La firma que pusieron el 23 de noviembre de 2016 en el auto con el que se ordenó dejar en libertad al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero –procesado por presuntos nexos con paramilitares–, motivó a que 5 de los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se tuvieran que declarar impedidos para resolver un recurso judicial dentro de ese expediente hace tan solo ocho días.
EL COLOMBIANO estableció que se trata de los togados Patricia Salazar, José Francisco Acuña, Eugenio Fernández, Eyder Patiño y Luis Antonio Hernández (actual presidente del alto tribunal), quienes tuvieron que apartarse de la discusión sobre otro impedimento que tiene en stand by el expediente de Ramos.
En efecto, desde la Secretaría General de la Corte Constitucional se remitió a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema el fallo de tutela con el que se ratificó que al exgobernador se le violó el derecho al debido proceso al ventilarse públicamente un proyecto de condena en su contra, pero se aclaró que no tenía por qué cambiarse de magistrado instructor.
Esto sucedió el 23 de agosto y –según documentación oficial en poder de este diario– ahí se gestó el ‘carrusel’ de impedimentos que hoy tiene frenada la etapa final del proceso contra Ramos Botero y que, de acuerdo con cálculos de sus allegados y de fuentes de los propios tribunales, puede prescribir en marzo de 2022 si no se resuelve antes (ver Paréntesis).
El despacho que recibió aquel penúltimo lunes de agosto la notificación fue el del magistrado Ariel Augusto Torres, a quien el exgobernador señaló de filtrar el proyecto de fallo condenatorio. 24 horas después, les dijo a sus compañeros de Sala que, pese al respaldo de la Corte Constitucional para mantenerse al frente del caso, debía declararse impedido para continuarlo porque en los anaqueles judiciales ya figuraba como contraparte del procesado.
“Estimo que lo argumentado y decidido en la sentencia de revisión de tutela deja entrever que las posiciones totalmente antagónicas entre las pretensiones del acusado y la moralidad de mi proceder funcional, lo cual puede ocasionar (...) suspicacias en el aforado y eventualmente en alguna parte de la sociedad que de seguir conociendo de la actuación (...) mi ánimo puede estar alterado y con ello afectar la imparcialidad con que debo actuar”, se lee en el escrito de Torres.
Pero solo seis días después, en documento de 22 páginas y rotulado con acta de aprobación número 57, sus compañeros de la Sala de Primera Instancia –Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto– declararon infundados sus argumentos para declararse impedido y advirtieron que, tras su análisis jurídico, no se puede calificar a Torres como contraparte de Ramos. En plata blanca, le dan carta abierta para seguir con el proceso y formular el escrito resolutivo del expediente.
El segundo tiempo
No obstante, el tema no paró ahí. EL COLOMBIANO confirmó que el 1 de septiembre, por reparto, el tema escaló hasta la Sala Penal de la Corte Suprema, instancia en la que nació en 2011 –en el último año de su mandato como Gobernador de Antioquia– el proceso penal que se le sigue por el delito de concierto para delinquir agravado por sus supuestos vínculos con paramilitares.
Uno de los testimonios en su contra lo dio el extraditado Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, quien afirmó que las autodefensas apoyaron a Ramos y a uno de los partidos en los que militó y por el que, incluso, tuvo una curul en el Senado en 2002: Alas Equipo Colombia.
El 27 de agosto de 2013 se le dictó medida de aseguramiento, por la cual fue capturado 48 horas después. Debido a esta orden judicial, estuvo preso hasta el 23 de noviembre de 2016, cuando la Sala Penal de entonces revocó esa medida y lo dejó en libertad.
En ese auto, el AP7997-2016, aparecen las firmas de cinco de los nueve magistrados actuales de la Sala Penal, lo que –como se dijo– los obligó a declararse impedidos para participar en el desenlace del recurso del magistrado Torres, a cuyo despacho llegó el proceso en 2019 luego de que se aprobara la doble instancia para aforados. Y esto acaba de pasar: sus escritos para sustentar el porqué deben apartarse del caso se radicaron entre el 8 y 9 de septiembre pasados.
Esto obligó a que el magistrado Gerson Chaverra Castro –quien tiene a cargo el caso del impedimento del togado Torres en la Sala Penal– tuviese que ordenar el viernes de la semana pasada el sorteo de conjueces para ocupar las plazas de sus colegas de Sala (Salazar, Acuña, Fernández, Patiño y Hernández) y así poder proceder a desempantanar un espinoso expediente judicial que tiene desde hace ya 10 años en expectativa al estamento político antioqueño.
El lunes de esta semana se logró designar a cuatro de los cinco conjueces que se necesitan, pero justo este martes llegó un nuevo impedimento, precisamente, de quien iba a ocupar ese último cupo.
EL COLOMBIANO estableció que se trata del exvicefiscal Francisco José Sintura, quien al ser consultado por este diario se limitó a decir que no tiene obligación legal de pronunciarse sobre el porqué presentó impedimento para ser conjuez del caso Ramos.
Para este miércoles, según estableció este diario, se surtirá de nuevo el sorteo para ocupar ese cupo de conjuez que tampoco aceptó Sintura. Así las cosas, son en total 7 los impedimentos que en diversas instancias se han presentado solo en 22 días dentro de este expediente y que tiene frenada su etapa final.
En todo caso, si la Corte acepta el impedimento del magistrado Torres –el sustanciador– se deberá elegir a otro de los togados de la Sala de Primera Instancia para que emita su proyecto de fallo, o si se lo niega pues él mismo debe rehacer ese documento.
Cualquiera de las dos vías, según fuentes judiciales, puede tardar al menos un mes más. Mientras tanto, el reloj judicial para Ramos sigue corriendo
