La salida de Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), anunciada oficialmente este sábado 14 de marzo, fue el desenlace de una cadena de decisiones judiciales y corporativas que se desarrollaron durante las últimas dos semanas y que terminaron por cerrar su paso al frente de una de las compañías de infraestructura energética más importantes del país.
En un comunicado, la empresa informó que su junta directiva decidió dar por terminado el contrato laboral del directivo luego de que quedara en firme la nulidad de su nombramiento.
Según explicó la compañía, la determinación se adoptó ese mismo día mediante voto por escrito y con aprobación unánime de los miembros del órgano directivo.
“La junta directiva instruyó a la administración para notificar al señor Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo”, señaló ISA en el documento. La empresa agregó que la decisión se tomó “en cumplimiento de la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado”, que declaró nula su elección como presidente.
El fallo que anuló su nombramiento
El episodio comenzó precisamente con esa sentencia del alto tribunal, que concluyó que el proceso de selección de Carrillo presentó una “expedición irregular” con suficiente entidad para afectar la validez del nombramiento.
En su decisión, el Consejo de Estado no solo anuló la elección, sino que ordenó que el procedimiento de selección se retome desde una etapa adelantada en 2024.
Un día después de conocerse el fallo, el 27 de febrero, la junta directiva de ISA decidió suspender temporalmente el contrato laboral del directivo mientras la sentencia quedaba en firme.
En ese momento, la empresa explicó que la medida se mantendría hasta la ejecutoria del fallo, momento en el cual se adoptaría una decisión definitiva sobre el vínculo laboral.
La controversia jurídica tuvo un nuevo capítulo el pasado 12 de marzo. Ese día, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, resolvió una solicitud de aclaración presentada por la defensa de Carrillo y ratificó su decisión inicial.
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En el auto, el tribunal fue enfático en que la sentencia no dejaba margen de duda. “La providencia no ofrece motivos de oscuridad o ambigüedad que hagan procedente una aclaración”, indicó el documento, al tiempo que recordó que la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene competencia para resolver interrogantes jurídicos de las partes una vez proferido el fallo.
La decisión también dejó claro cuál debía ser el siguiente paso dentro de la compañía. Según el tribunal, “la validez, continuidad o terminación del vínculo laboral corresponde a la entidad respectiva, en ejercicio de sus competencias legales y estatutarias”, es decir, a la junta directiva de ISA.
Con ese escenario jurídico despejado, el órgano directivo de la empresa procedió a formalizar la salida de Carrillo este 14 de marzo, cerrando así un capítulo que se había convertido en uno de los episodios más comentados en el sector energético.
El reto de elegir un nuevo presidente
El fallo del Consejo de Estado, además, definió la hoja de ruta para elegir al nuevo presidente de la compañía. La sentencia ordenó que el proceso no comience desde cero, sino que se retome a partir del listado de aspirantes que ya había sido evaluado por el Comité de Talento Organizacional en enero de 2024.
Esa baraja de candidatos está integrada por André Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustilho y Sandra Fonseca, quienes permanecían activos en la fase del proceso que ahora deberá reanudarse bajo las reglas aprobadas por ese mismo comité.
Sin embargo, la reactivación de esa lista también plantea interrogantes sobre la viabilidad del proceso. Una fuente cercana al proceso de Carrillo le confirmó a EL COLOMBIANO que varios de esos aspirantes hoy ocupan cargos relevantes en otras organizaciones, lo que podría dificultar su eventual participación.
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“Muchos de ellos ya están en otras empresas. El caso más evidente es el de Juan Ricardo Ortega, que está en propiedad en el Grupo Energía Bogotá y tiene todavía más de un año de periodo”, explicó la fuente.
En ese contexto, agregó, algunos ejecutivos podrían mostrarse reticentes a participar en un proceso que podría tardar semanas o meses en resolverse y que además se desarrolla en medio de un ciclo político que podría traer cambios en el Gobierno nacional y, eventualmente, en la composición de la junta directiva de ISA.
Ese panorama abre la posibilidad de que la compañía prolongue la interinidad de Gabriel Jaime Melguizo en la presidencia mientras logra completar el proceso de selección ordenado por la justicia, en un momento clave para la operación y los planes de expansión de la multinacional de energía.
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